La cortina de humo tras el desabasto de gasolina

El tema es obligado: la bienintencionada (hasta donde sabemos), pero muy erróneamente implementada política pública para combatir el robo de gasolina, el consecuente desabasto que perjudica a gran parte de la población y la afectación de la actividad económica nacional.

Diagnóstico. Nadie puede estar en desacuerdo con la intención del gobierno de combatir el robo de combustibles, y particularmente la ordeña de los ductos por donde se distribuyen, ya sea que tal actividad criminal sea realizada por altos funcionarios, mafias organizadas o meros ladrones comunes. Y también podemos estar de acuerdo en que para combatirlo se debe de emplear a las fuerzas de seguridad pública e incluso, en caso necesario, a las fuerzas armadas. Si hubiera certeza de que (1) el problema se resolverá en forma definitiva o, por lo menos, se reducirá a su mínima expresión; (2) se generará un mínimo de malestar ciudadano; y (3) las mafias serán desarticuladas y los individuos involucrados encarcelados, bien valdría la pena el esfuerzo colectivo. Pero nada de lo hecho hasta ahora parece cumplir con estas tres muy elementales exigencias.

Soluciones que agravan problemas. En primer lugar, la “solución” que encontró el gobierno para atacar el problema es objetivamente ridícula. Ya se han enunciado infinidad de analogías: como si para evitar las fugas de agua se cortara su suministro, o si para evitar los asaltos bancarios se ordenara cerrar los bancos, o para evitar la violencia en las calles se estableciera el estado de sitio o el toque de queda. Lo que hace a esas analogías aplicables no es que el agua sea lo mismo que la gasolina (habría que ser tarugo); su atinencia reside en que, tanto en ellas como en la situación actual, claramente los costos superan a los beneficios. En segundo lugar, ¿tiene algún sentido que la medida se haya tomado sorpresivamente, sin avisar (al menos) a gobernadores o alcaldes? Nada más salió el gobierno a “tranquilizar” a la ciudadanía —muy empecinado en ganar la batalla del lenguaje para erradicar la palabra tabú: desabasto— y pedir confianza en las medidas adoptadas, para que la población directamente afectada (en un comportamiento de consumo racional) y la terca realidad (que no entiende el “me canso ganso”) se contrapusieran al ingenuo diagnóstico gubernamental.

Legalismo populista. “Estamos combatiendo la ilegalidad sea cual sea el costo”, dicen, y eso ha atraído aplausos y buenos números en las encuestas. La batalla de la opinión pública, a corto plazo, parece ganada... aunque ya hemos presenciado una gran variedad de distorsiones. Primero, largas filas para comprar combustible y la consecuente irritación ciudadana por no poder realizar con normalidad sus actividades cotidianas (y hasta ahí los adalides del oficialismo podrían hablar de “pequeñas afectaciones”); luego empezamos a ver cada vez más casos de acaparamiento, especulación, mercado negro e incremento de precios (entonces ya no era nada más un problema de los “fifís” que no pueden llenar su tanque); después, reportes de pérdidas cada vez más cuantiosas de industrias, empresas y comercios, grandes, medianos y pequeños.