Plan Maya II: agricultura comercial
El pasado martes el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, perfiló una estrategia de políticas públicas con apoyo internacional (incluyendao los mercados) para hacer frente a la tragedia humana de la migración: establecer un precio “justo”, una suerte de precio de garantía, para el café producido en la región, que eleve el nivel de vida de 600 mil familias, cuyos integrantes en un número cada vez mayor buscan llegar a Estados Unidos.
Para ello se requiere dinero y programas. Y quienes tocaron el punto nodal con un Manifiesto por el Rescate de la Alimentación de México, impulsado por el diputado Eraclio Rodríguez y el senador José Narro (ambos a cargo de las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de ambas Cámaras, y ambos morenistas), que reclaman se resarcir el presupuesto que le fue reducido en más de 8 mil millones de pesos a la SADER, con lo que se está desmantelando tanto programas de apoyo e infraestructura de apoyo técnico para los productores de oleaginosas, arroz, maíz, trigo, sorgo y frijol; del sector pecuario, porcinos, lácteos, bovinos y avicultores, así como de cultivos de exportación como mango, tomate, aguacate, plátano, tequila, hortalizas, coco y vainilla. El Manifiesto, dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador, señala que “por la instrumentación de las políticas (puntadas, ocurrencias) para el campo implementadas desde su gobierno y que están condenando al fracaso a los productores agroalimentarios y a la alimentación del pueblo de México. El Presidente (…) debe estar consciente que nos está poniendo contra la pared. Ante ello no tendremos otra salida que tomar medidas drásticas”. Así como el secretario Villalobos propone recuperar niveles de precio para el café para sacar a los cafeticultores de sus crisis (en México la producción cayó en casi 40% en 6 años), extender la agricultura es una de las formas para hacer frente a la oleada de migrantes, tanto nacionales como foráneos.
Van sobre Abisalud. Dolor de cabeza para el superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí: el martes, el Juez Primero de Control, José Luis Álvarez Pulido, vinculó a tres funcionarios y tres representantes de la farmacéutica Abisalud por coludirse para vender medicamentos a sobreprecios de hasta 200% en el Instituto de Pensiones de la entidad (Ipejal), por “delitos de uso ilícito de atribuciones” y fraude”. ¡Sopas! Y el nexo entre Abisalud y Lomelí es a través de José Hiram Torres Salcedo, coordinador de los regidores de Morena y fundador de Abisalud conforme el Registro Público de Comercio de Tepic. La Función Pública debía dar resultados sobre la investigación a Carlos Lomelí en relación con sus nexos a esta red de farmacéuticas, la semana del 24 al 30 de junio; pero lo que se tiene es el dictamen del juez Álvarez.
La mala copia. Hizo bien Zoé Robledo en sonar las alertas en torno a las probables irregularidades en la adquisición de tóner y consumibles en las delegaciones del IMSS de Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato, donde los jefes de delegación son (Fernando López Gómez, en Tamaulipas; Candelario Pérez, en Veracruz Norte; y Jorge Manuel Sánchez González, en Guanajuato.