Sader y la política del avestruz

Arrancan medidas en Edomex
Por:

Donde no entienden que no entienden, es en la Sader, a cargo de Víctor Villalobos, dependencia que cada semana cosecha más y más broncas. Resulta que además de la indagatoria por el tema de los casi 100 mil sacos de semillas de maíz perdidos, ayer el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a cargo de Javier Trujillo, dejó plantados a los integrantes de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, quienes le exigirían una explicación por el creciente problema del ingreso ilegal de ganado al país por la frontera sur. Diputados como Ron Ramos, Luis Rabelo, Fortunato Rivera y Guadalupe Romo, se lo reclamaron en un video, con gran indignación. A ver ahora cómo resuelve Villalobos.

• Coscorrón del Senado a Jáuregui

El que todavía ayer por la mañana se negaba a retirar la iniciativa que lesiona la autonomía de la UNAM, al plantear que el rector se elija por votación abierta, y no a través de la Junta de Gobierno, es el diputado morenista Miguel Ángel Jáuregui. Para bien de la máxima casa de estudios, ayer mismo el Senado aprobó un punto de acuerdo en el que expresa “su más enérgico rechazo a cualquier intento político o legislativo que lejos de fortalecer la autonomía, pretenda vulnerarla y con ello afectar el derecho de los universitarios a autogobernarse…”. El punto, que funcionó como jalón de orejas para el autor de la iniciativa, lo leyó ante el pleno la senadora Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva.

• Michoacán con #UnDíaSinNosotras

Con la noticia de que políticos, empresas, Poderes, gobiernos, colectivos de todo tipo y cientos, quizá ya miles de personas, se están sumando a la iniciativa “¡El nueve ninguna se mueve!” #UnDiaSinNosotras, la cual plantea que el próximo 9 de marzo, ninguna mujer salga a la calle ni acuda a su lugar de trabajo o a su escuela. Uno de los gobiernos que rápidamente anunció su respaldo fue el de Michoacán, a cargo de Silvano Aureoles, quien informó a las trabajadoras de áreas administrativas, operativas, escuelas o de cualquier organismo descentralizado, que quien ese día desee faltar para sumarse a la iniciativa, no será de ninguna manera sancionada. A su reacción a favor del paro nacional se fueron sumando varios gobiernos más.

• Por un solo tipo de feminicidio

Y los que ya están poniendo manos a la obra para tratar de contener el aumento de agresiones hacia las mujeres son la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, y una docena de legisladores, quienes conformaron un grupo de trabajo para definir una tipificación única del feminicidio. En estos trabajos se buscará garantizar el presupuesto suficiente para que los entes autónomos atiendan y prevengan este delito, además de promover la disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Nos comentan que el grupo está encabezado por la diputada del PAN Pilar Ortega Martínez. Habrá que ir viendo los avances.

• El llanto de Sergio Mayer

División de opiniones generó ayer el diputado Sergio Mayer, por “llorar” durante la conferencia de prensa en la que se daban a conocer los avances en el caso de la saxofonista María Elena Ríos, atacada con ácido. El legislador, quien ha hecho de la polémica una compañera inseparable, elevó la mirada mientras, aparentemente, era invadido por el sentimiento, al señalar que cuando deja a su hija en la escuela, ésta le pide que no olvide ir por ella. El problema fue no sólo que no todos le creyeron que realmente estuviera llorando, sino que lo cuestionaron por las filtraciones de hace un año, en las que se le oye llamar a sus colaboradoras “niñitas pen…”. Uf, complicado momento.

• El diferendo Fucam-Insabi

Generó muchas reacciones de molestia el anuncio que hizo la Fundación contra el Cáncer de Mama, en el sentido de que dejará de dar tratamientos oncológicos gratuitos, al no alcanzar un acuerdo con el nuevo Insabi, tras el agotamiento de los recursos que tenía. En respuesta, la institución de la 4T señaló que los tratamientos que ofrece Fucam son financiados con recursos públicos, porque el Gobierno le dio entre 2017 y 2019, más de 776 millones de pesos. “Por ello Fucam tiene la obligación ética, moral y jurídica de continuar con la atención de las pacientes que se encuentran actualmente en tratamiento”. Un asunto espinoso, por donde quiera que se le vea.