Al menos seis de 12 jueces y juezas capitalinos, identificados por colectivos y víctimas de violencia vicaria como parte del Cártel de la Toga, compiten en el proceso de la elección del Poder Judicial del 1 de junio ya sea por cargos locales o federales.
En noviembre pasado, la impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, entregó a la entonces diputada federal y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, una lista de jueces, fiscales y ministerios públicos, principalmente de la Ciudad de México, quienes presuntamente están coludidos con padres agresores, a quienes benefician, por ejemplo, con la custodia de niñas, niños y adolescentes.
“El Cártel de la Toga es todo un sistema de tráfico de influencias que han utilizado jueces, juezas, magistrados para seguir perpetrando no solamente actos de corrupción y de injusticia, también de violencia hacia mujeres e infancias, todo con base en una justicia patriarcal.
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- El Dato: Diana luza adelantó que colectivos de todo el país protestarán en los próximos días para dar a conocer los nombres de juzgadores que benefician a violentadores.
“Cuando hablamos del Cártel de la Toga hablamos también de una pirámide de quienes ostentan estas decisiones de imparcialidad de justicia, muchos de ellos ni siquiera tienen una calidad moral o de honestidad para ejercer dichos cargos y entre ellos se protegen”, explicó la activista a La Razón.
Entre los seis juzgadores que competirán el 1 junio en la elección judicial por algún cargo están Erika Magali Correa Riofrío, Carlos Enrique Jiménez Vega y Mirsha Rodrigo León Carmona, jueces 1, 12 y 42 Familiar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Los tres buscan una magistratura de Circuito.
En lo local, Juan Miguel Morales Monter, María del Socorro Jiménez Vega y Juan Martínez Mata, 5, 13 y 25 de lo Familiar, compiten en la elección judicial por una magistratura en la ciudad.
Estos funcionarios han sido señalados no sólo por Luz Vázquez, también por víctimas y otros colectivos, como el Frente Nacional Mujeres y Unión de Madres Protectoras, los cuales han criticado sus fallos en favor de los agresores y sus posiciones en contra de las mujeres y las infancias.
Luz Vázquez comentó que en la mayoría de los 12 juzgadores señalados, entre los que está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, hay denuncias por diversas irregularidades.
“Muchas mamás tienen miedo a que se vean afectado sus procesos y lo que han hecho es evidenciarlos, pero la mayoría tiene denuncias, porque actúan de manera imparcial, por su nula administración en la justicia; es decir, se tardan, postergan los procesos, los alargan, revictimizan a las mamás, no realizan de manera inmediata sentencias provisionales de pensión alimenticia y un sinfín de atrocidades que lo que hacen es impactar de manera negativa en la vida de mujeres y de infancias”, dijo en el marco del Día del Niño y la Niña.
Un caso reciente es el del juez Morales Monter, quien otorgó la custodia de los hijos de Berenice Gervassi al padre de éstos, a pesar de la denuncia de violencia vicaria, de acuerdo con un colectivo de madres. El resultado de esto fue la muerte de Milo, uno de los menores de edad.
El mismo funcionario es señalado por entregar a los cinco hijos de Maha Schekaibán a su exesposo Bernardo “N”, un empresario, aun con las denuncias en contra de éste por violencia. La madre acusó a su expareja de manipular a los menores y de ponerle medidas cautelares penales en caso de acercarse a ellos.
De acuerdo con el artículo 201 Ter, del Código Penal capitalino, a quien cometa violencia vicaria se le sancionará con una pena de entre dos a seis años de prisión; además, la persona pierde “los derechos que tenga respecto de las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio y patria potestad de hijas e hijos”.
Luz Vázquez precisó, además, que 90 por ciento de los agresores vicarios es deudor alimentario, por ello, para evitar la pensión alimentaria buscan la guarda de los menores de edad.
En el caso de León Carmona, éste ha sido señalado por colectivos, víctimas y feministas por omisiones y supuestos actos de corrupción en sus resoluciones, las cuales, indican, “perpetúan la violencia institucional contra mujeres e infantes”.
- 2 años es la pena mínima de cárcel a quien cometa la violencia vicaria
- 90 por ciento de agresores es deudor alimentario, afirmó Luz Vázquez
“Lo peor de todo es que están palomeados por integrantes de quienes gobiernan. Lo que vemos es que debieron haber tenido un mejor filtro para estos señores”, cuestionó Luz Vázquez.
Acerca del presidente del TSJCDMX, la activista acusó a Guerra Álvarez de encubrir a estos juzgadores, como a León Carmona, e incluso recordó que en 2020 fue señalado por supuestamente proteger al magistrado Manuel Horacio Cabazos López, denunciado por agresión sexual de sus hijas de 5 y 7 años.
El lunes, tras la presentación de la estrategia para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, este diario solicitó a Guerra Álvarez una opinión sobre los juzgadores señalados como el Cártel de la Toga, pero rechazó hablar debido al proceso de elección del Poder Judicial.
“El presidente del Tribunal nos escuchó, nos hizo que nos reuníamos con él, nos vio la cara, nos tomó el pelo, porque nos dijo que a este señor (León Carmona) le iban a investigar y que le iban a sancionar. Nada de eso pasó.
“Él (Guerra Álvarez) se tiene que ir. El señor siempre se escuda, siempre se esconde, porque sabe perfectamente que es un encubridor de agresores”, dijo la impulsora de la Ley Sabina.
