Diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Ciudad buscan revisar la exclusión del retiro automático de la custodia de los hijos a quienes cometan violencia familiar entre pareja, como propone el Gobierno capitalino.
Legisladoras capitalinas consultadas por La Razón coincidieron en que la medida, propuesta por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, podría ocasionar un alza de las violencias familiar y vicaria, como advierten activistas y especialistas.
- El Dato: Las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco y Cuauhtémoc tienen las tasas más altas de víctimas de violencia familiar por cada 100 mil habitantes en el presente año.
La priista Tania Larios Pérez explicó que además buscará generar una consulta a feministas sobre esta problemática.
“Hay colectivos preocupados por algunos aspectos sobre violencia vicaria. Voy a buscarlos y a defensoras de mujeres, ellas son quienes tienen una perspectiva real de lo que pudiera pasarles a las mujeres con este nuevo tipo penal.
“Está bien que se amplíe el tipo de violencia en el ámbito familiar, pero tienen que cuidarse temas como la pena de uno a seis años y la pérdida de los derechos, como la patria potestad y tutela, porque el nuevo tipo penal puede crear escenarios que vulneren a las mujeres y sus familias”, dijo la integrante de las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, donde fue turnada la iniciativa.
- 28 mil 718 indagatorias por violencia familiar se han abierto en últimos 10 meses
La propuesta estaba prevista discutirse el 8 de diciembre y que fuera votada en el Pleno un día después, pero las comisiones unidas se declararon en sesión permanente y aplazaron la aprobación de dicha reforma.
A finales de noviembre, Brugada Molina presentó un paquete de iniciativas para fortalecer el combate al acoso, el abuso sexual y la violencia familiar.
Una de estas propuestas es añadir un delito en el Código Penal local, denominado “violencia familiar entre pareja”, con el objetivo de reconocer la violencia más allá del matrimonio o concubinato, como se establece ahora, sino también con cualquier relación sexoafectiva.
Actualmente, el artículo 200 del Código Penal local sanciona con la pérdida automática de la patria potestad, tutela y alimentos de hijas e hijos a quien cometa violencia familiar, además de uno a seis años de cárcel.
Por el contrario, este diario informó el 3 de diciembre que la propuesta del delito de violencia familiar entre pareja dice que, a quien cometa este delito, “se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y los de alimentos”.
Es decir, aquellos violentadores de sus parejas ya no perderán derechos parentales sobre sus hijos, como actualmente sucede.
La panista integrante de la Comisión de Justicia, Olivia Garza de los Santos, explicó que ya se discute el riesgo alertado por feministas por la falta de la pérdida de la patria protestad.
“Lo estamos revisando los integrantes de la comisión, porque esa parte (sobre la custodia) que varía con el tipo penal anterior ha hecho un poco de ruido. Todavía no hemos llegado a un consenso.
“Habría que valorar el daño que tú le puedes hacer a un menor de edad para analizar la pérdida de la patria potestad por la comisión de un delito. Un niño tiene derecho a convivir con su papá, como el papá con el niño. Serían casos muy particulares donde el juez tendría que decidir cómo aplicar la sanción”, dijo la diputada, quien consideró que las sanciones deben valorarse según cada caso particular.
La diputada de la bancada de MC, Patricia Urriza Arellano, también pidió analizar la reforma, pues consideró que es necesario que no se dé una vía para violentar a las mujeres y a las infancias.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la fiscalía capitalina abrió 28 mil 718 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar durante los primeros 10 meses de 2025. La cifra es ligeramente menor a la del año pasado cuando hubo 30 mil 946.
“Sería contraproducente que una iniciativa que busca reducir la violencia de género termine siendo una herramienta para ejercer violencia vicaria. Sí pediremos a las comisiones de justicia como de género analizarlo a profundidad”, indicó la emecista.
Si bien estas legisladoras destacan avances en la iniciativa de Brugada Molina, también apuntan posibles mejoras.
“Me parece bien que sea un delito sin la limitación de ser concubinos o un matrimonio y los talleres reeducativos obligatorios. Son acciones que realmente cambiarán la mentalidad de las personas. Pero no se establecen sanciones cuando se trata de adolescentes”, consideró Olivia Garza.
La bancada de MC buscará que no se amplíen las penas por este delito. “No estamos de acuerdo en que se amplíe el catálogo de delitos y las penas. Buscaremos que la pena tampoco sea oficiosa”, comentó Urriza Arellano.
Este diario buscó la opinión de las legisladoras morenistas Cecilia Vadillo y Valeria Cruz, presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género, respectivamente, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
LOS RIESGOS. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, organización dedicada a la protección de las mujeres víctimas de violencia, alertó que esta iniciativa permitiría que los agresores mantengan la custodia de las infancias, aun cuando han ejercido violencia física, psicológica, económica o sexual contra su madre.
“Además abre la puerta a litigios manipulados. El agresor puede buscar que el caso sea clasificado como violencia contra la pareja, para evitar medidas de restricción y así conservar derechos parentales.
“Además genera condiciones para usar las visitas o custodias como mecanismos de violencia vicaria, contradiciendo el propio Código Penal”, sentenció la especialista.
En tanto, Gabriela Pablos, activista pionera en la lucha contra la violencia consideró que no es bueno que un niño o una niña crezca junto a un agresor.
Si bien reconoció la importancia de la propuesta, expresó que hay desconfianza en las autoridades y que ello impacte en las víctimas de violencia vicaria.
“La iniciativa es necesaria, pero con el nivel de autoridades que tenemos, esa medida (de la patria potestad) pudiera resultar en mayor detrimento para las madres víctimas que denuncian violencia”, alertó Gabriela Pablos.