“No estamos en igualdad ante la vida y menos ante la muerte”, afirmó el politólogo Aurélien Guilabert, aunque la capital cuenta con Ley de Voluntad Anticipada y es considerada una de las entidades más avanzadas en el tema, el acceso real está atravesado por la desigualdad.
Para el activista del colectivo ¡Muerte Digna Ya!, los cuidados paliativos son el aspecto de este derecho con más carencias a nivel nacional, pues, de acuerdo con sus estadísticas, sólo cinco por ciento de las personas del país que los necesitan, los obtienen.
“Las personas que no cuentan con dinero mueren en alto sufrimiento y no tienen ni siquiera acceso a analgésicos o a cuidados paliativos. Cuando no tienes dinero vas al sistema de salud y la gente obtiene, prácticamente, lo que hay”, mencionó a La Razón.
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Aurélien Guilabert explicó que el poder adquisitivo permite a algunas personas viajar a países europeos como Suiza, donde se solicita a extranjeros una serie de requisitos para acceder a la eutanasia o al suicidio asistido.
“Si tú tienes dinero, tú puedes hasta viajar a otro país para obtener eutanasia o suicidio asistido, como Suiza donde hay un criterio, creo que tienes que tener un año de residencia”, añadió.
Las barreras para acceder a los cuidados paliativos no sólo dependen del dinero con el que cuente la persona, también de la disponibilidad de recursos materiales en los servicios de salud públicos, por medio del aseguramiento por un instituto o aquellos para los que la gente no cuenta.
Aunque en la capital existen hospitales públicos que brindan atención paliativa, la cobertura es limitada frente a la demanda y, según el activista, el resultado son agonías prolongadas que desgastan a las familias en lo emocional y económico, y que recaen en gran medida en mujeres cuidadoras.
Para Aurélien Guilabert, el sistema de salud capitalino y federal atraviesa un proceso de reconstrucción y representa una “muy buena oportunidad” para regularizar los servicios de cuidados paliativos, a fin de que quienes no cuentan con recursos puedan acceder a ellos.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional por el Derecho a Morir con Dignidad de 2022, ocho de cada 10 capitalinos estarían de acuerdo con que, si el paciente lo solicita, el médico tratante le ayude a morir proporcionándole sustancias que pueda administrarse por sí mismo.
El mismo análisis arrojó que, a nivel nacional, seis de cada 10 mexicanas y mexicanos estuvieron de acuerdo con que, si una persona está en fase terminal con sufrimiento inevitable, debería tener la opción de adelantar su muerte.
El también coordinador de Política Nocturna detalló que la muerte digna se compone de cuatro pilares: la voluntad anticipada, la posibilidad de aceptar o rechazar tratamientos en cualquier momento, el acceso efectivo a cuidados paliativos, y la ayuda médica para morir, que incluye eutanasia y suicidio asistido.
“El problema es que en México reducimos la discusión a la eutanasia, cuando la muerte digna es mucho más amplia”, explicó el activista.
En la capital existe la figura de voluntad anticipada desde 2008, mediante la cual cualquier persona puede decidir qué tratamientos aceptar o rechazar en caso de enfermedad terminal. Sin embargo, Aurélien Guilabert señaló que, al igual que en los cuidados paliativos, en la práctica no es tan accesible.
El mecanismo gratuito suele operar únicamente cuando el paciente ya está hospitalizado y cuenta con un diagnóstico terminal por parte del médico tratante; si alguien desea firmar el documento de manera preventiva debe acudir a una notaría y pagar.
“El simple hecho de tener que ir a un notario ya es una barrera económica. Y además hay desigualdad en el acceso a la información. Mucha gente ni siquiera sabe que existe ese método”, mencionó.
A ello se suma la falta de acompañamiento médico suficiente, ya que en su experiencia, muchas personas llenan el documento sin que un profesional les explique escenarios complejos, como qué ocurre ante una demencia avanzada o qué implican tratamientos agresivos.
“Te dicen: ‘vamos a hacer la quimio’, pero no siempre te explican que puede prolongar la vida sólo dos o tres meses con efectos secundarios fuertes que hacen que la persona viva sus últimos días con dolor. Para decidir necesitas información clara. Y no todos pueden pagar una segunda opinión”, advirtió.
La propuesta que impulsa su coalición, junto con la activista Samara Martínez sobre la llamada Ley Trasciende, busca permitir la eutanasia para mayores de edad, despenalizarla de los códigos penales y garantizar acceso universal a información, cuidados paliativos y autonomía real.
“Acompañamos la Ley de Samara y la revisamos y la complementamos. Busca modificar la Ley General de Salud y despenalizar la eutanasia. Proponemos que la Constitución del país reconozca el derecho a la muerte digna, pero que sobre todo defina el derecho a la muerte digna”, sostuvo.
