El concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, el más grande en la historia de esta plaza, dejó una derrama económica de hasta 400 millones de pesos y la basura suficiente para llenar 25 camiones, indicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
En conferencia, la mandataria capitalina habló sobre los desechos de residuos generados durante el evento de este domingo y el cual reunió a más de 400 mil personas para ver a la artista colombiana.
“Tenemos el dato de que se levantaron 200 metros cúbicos de residuos, que equivalen a 25 camiones de residuos de basura. Y todavía se sigue limpiando. Generalmente cuando se hacen estos eventos se generan muchos residuos”, dijo Brugada Molina en conferencia de prensa.
El domingo, La Razón informó que cerca de las 14:00 horas, personal de limpia barría la basura que los asistentes ya dejaban en el Zócalo, como botellas de plástico, papeles de comida, coronas de cartón de Grupo Modelo, entre otros objetos.
En tanto, en algunos filtros de seguridad para pasar al primer cuadro había grandes recipientes verdes en los que policías dejaron las sombrillas, botellas, cinturones, bancos de plástico, perfumes, termos, encendedores, y más, que los asistentes no podrían ingresar.
Un trabajador de limpia dijo a este diario que todos los líquidos son vaciados y destruidos, mientras que los cinturones, bolsas voluminosas y otros objetos son tirados a la basura, aunque no descartó que haya personas que se los llevan.
Brugada Molina además destacó que el espectáculo trajo distintos beneficios a la capital, ya que, por ejemplo, sólo el domingo se estimó una derrama económica de 400 millones de pesos.
El concierto, que no tuvo costo alguno para el Gobierno de la Ciudad de México, se tenía previsto para el 21 de septiembre de 2025, pero fue cancelado tras la tragedia en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde murieron 32 personas el 10 de septiembre de ese año.
LA TRAGEDIA. Las empresas que realizaron el concierto de Shakira en el Zócalo fueron Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V., y su filial, Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. (mejor conocidas como OCESA y Lobo). Ambas firmas están imputadas por el presunto asesinato de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrido en festival Axe Ceremonia 2025.
Tras meses de parálisis judicial debido a amparos de la familia de Berenice Giles y Miguel Rojas, en enero OCESA y Lobo fueron imputadas por el caso, donde el 5 de abril de 2025 la instalación ilegal de dos grúas provocó que se desplomaran sobre los fotógrafos, quitándoles la vida.