“Tenía miedo, quería que fuera un sueño”, así es como Samantha, nombre para proteger su identidad, recuerda los dos días que pasó en el Hospital General La Villa al ser criminalizada, maltratada por su ginecóloga por abortar, por lo que el Ministerio Público la señaló por presuntamente cometer un delito, el cual creció 32 por ciento en el último año.
En la Ciudad de México es legal abortar hasta las 12 semanas de gestación, Samantha tenía 14, pero aun así, a principios de 2026, su entonces pareja la manipuló y presionó para que tomara pastillas abortivas. Horas después tuvo una hemorragia y en plena madrugada su abuela y primo la llevaron al nosocomio de la alcaldía Gustavo A. Madero.
- El Dato: La clínica Beatriz Velazco es la que más interrupciones Legales del Embarazo practicó en la ciudad con 17 mil 288, entre 2019 y 2024, indicó la Sedesa.
“Llegué a urgencias diciendo que me estaba desangrando y que tenía 14 semanas de embarazo, iba con mi abuelita y con mi primo. Mi abuelita fue quien dio mis datos para que me pudieran ingresar. Yo sentía que me iba a desmayar”, rememoró Samantha a La Razón.
La joven de 20 años decidió abortar desde el inicio, pero su abuela la amenazó con correrla de casa si lo hacía, así que continuó, pero tiempo después los problemas con su entonces pareja crecieron, pues ésta no iba a hacerse responsable y la obligó a tomar las pastillas abortivas.
- El Tip: La Secretaría de Salud local estima que 73 por ciento de las usuarias atendidas en servicio de Interrupción Legal del Embarazo cursaba la preparatoria y la secundaria.
Pese a tener una hemorragia y ser una emergencia obstétrica, dijo, tardó horas en ser ingresada y cuando la ginecóloga asignada fue a revisarla la trató violentamente, le insertó los dedos en el canal vaginal y le sacó fotos con su celular a la sangre de la hemorragia.
“La ginecóloga, sin pedirme autorización, me metió los dedos y empezó a sacar mucha sangre y le tomó foto, pero ni siquiera se dirigió a mí. No me dijo para qué y todavía no sé. No sé si forma parte de la carpeta de investigación”, señaló triste.
- El Tip: En la Ciudad, 14 unidades médicas brindan el servicio de Interrupción Legal del Embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Samantha comentó que la doctora también la manipuló y la obligó a decir qué había tomado para abortar bajo el pretexto de que “podía hacer daño a la salud y me causaría un choque con el medicamento que ella me iba a suministrar, entonces le dije qué me había tomado”.
La mujer contó que la ginecóloga le confirmó con tono frío que ya no tenía un producto y que iban a hacerle un legrado para sacar placenta y materia que se quedó dentro de ella para evitar una posible infección o septicemia.
Samantha recordó que, durante el procedimiento, las enfermeras que la atendieron fueron muy amables y también la anestesióloga, pues le explicaron con detenimiento lo que sucedía, le hablaron con calma y no la hicieron sentir “una criminal”.
Esto cambió cuando horas más tarde, un doctor le informó que una agente del Ministerio Público había ido a verla y que venía acompañada con una defensora pública, todo esto mientras seguía afectada por la anestesia y los medicamentos.
“Yo me sentía como ida. No supe cuánto tiempo pasó. Yo estaba como que medio dormida, medio despierta. La chica del Ministerio Público me dijo que estaba retenida en el hospital por el delito de aborto”, contó.
En una hoja con un formato, la agente del Ministerio Público anotó que Samantha era culpable de aborto de un feto de 16 semanas, a pesar de que ella tenía 14.
“En la hoja decía que se me acusaba de aborto por 16 semanas, dos semanas más de las que tenía, les enseñé el ultrasonido más reciente en el que venía la fecha y las semanas que tenía”, comentó.
La agente ministerial también le insistió a Samantha y su doctor que tenían que hacerle una prueba para confirmar la ingesta del medicamento abortivo, pero el propio hospital le había administrado el mismo fármaco para controlar el sangrado y la cantidad saldría mayor en el análisis.
Si bien el aborto es legal desde 2007 en la Ciudad de México, lo que la convirtió en la primera entidad del país en despenalizarlo, éste permanece como delito para aquellas mujeres que aborten después de las 12 semanas de embarazo.
La bancada guinda aseguró que la reforma no terminaría en la congeladora y anunció foros públicos sobre el tema. Pero esto nunca se realizó y en febrero de 2025 la iniciativa terminó archivada. Mientras tanto, el número de mujeres criminalizadas por abortar ha crecido.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizados por este diario, el año pasado la Fiscalía capitalina abrió 244 carpetas de investigación por este ilícito, mientras que en 2024 fueron 185, es decir, el alza fue de 32 por ciento. La cifra además representó casi el doble que en 2015 y 2019, cuando se dieron 132 carpetas.
Tras aquel episodio, Samantha pidió hablar a solas con la defensora pública asignada, quien le recomendó que se reservara información y no declarara.
El día que dejaría el nosocomio, la joven la mujer supo que horas después de que la admitieron, la ginecóloga se acercó a su familia y le pidió que llevara el feto o habría consecuencias legales.
“Cuando todavía no sabían nada de mí, a mis familiares les dijeron que tenían que traer el producto, porque ya era un tema legal y si no se iban a meter en problemas. Fueron a mi casa a recoger el producto y mis familiares lo pusieron en una bolsita, lo llevaban de una forma delicada.
“Al momento de llegar al hospital, la ginecóloga le comentó a mi mamá que destapara el producto. Mi mamá me dice que ella (la doctora) lo apachurró feo y lo mostró a los pasantes, ya que estaban alrededor de una mesita donde pusieron al producto. Mi mamá empezó a llorar”, recordó Samantha con la voz entrecortada.
La joven expresó que cuando su tía le contó lo que sucedió con el feto sintió impotencia y dolor, porque no sólo ella era criminalizada, también su familia.
Hicieron arreglos funerarios para que el feto fuera cremado y colocado en una urna dentro de un nicho de uno de sus familiares, pero a más de un mes que su mamá lo llevó a La Villa y luego de que ingresaron un escrito para recuperarlo, no se los han entregado. A lo largo de su estancia en el hospital, Samantha no recibió información formal de su salud.
Samantha se acercó a la plataforma Abortistas MX, en la cual supo que, tal vez, el hospital avisó al Ministerio Público de su aborto bajo la figura de omisión de reporte médico forense, que es un capítulo dentro del Código Penal capitalino que abarca los artículos 301 y 302. El primero refiere que se impondrán de seis a tres años de prisión al médico que preste atención a un lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente la identidad de la persona, el lugar y las circunstancias donde estaba, la naturaleza de las lesiones y causas probables, así como su ubicación.
Mientras que el 302 establece que se va a sancionar con la misma cantidad de tiempo al médico que, habiendo otorgado responsiva de la atención de un lesionado, no indique el cambio del lugar en el que se atiende al lesionado, una historia clínica respectiva y demás.
Para la abogada de Samantha e integrante de Abortistas MX, la figura de omisión de reporte médico forense pone en riesgo tanto a las personas que son criminalizadas por abortar como al personal de salud que atiende.
“Existe en siete estados y la Ciudad de México lo tiene. No es sólo una obligación administrativa, sino un tipo penal que ha generado mucho mayor temor al personal de salud, lo que hace que en cuanto ve un tema de aborto se le prendan todas las alertas”, advirtió Ninde MolRe.
Junto con su familia y Ninde MolRe, Samantha ingresó un amparo en contra del Hospital General La Villa, la Fiscalía capitalina y la normativa que obliga a la denuncia por parte del personal médico.
Del mismo modo, las afectadas presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el trato que Samantha recibió en su estancia de dos días en el nosocomio, además del escrito para que les entreguen el feto de 14 semanas.
Para Samantha, su testimonio expone la ruta institucional que convierte a una paciente en imputada desde la cama de un hospital: “Yo llegué diciendo que me estaba desangrando”.
FALTA PREPARACIÓN MÉDICA. La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, señaló en entrevista que la capacitación del personal médico en la atención de personas que llegan a hospitales tras abortar es un área que debe fortalecerse, particularmente para evitar que se antepongan posturas personales a la atención médica.
La funcionaria consideró que algunos casos en los que el personal de salud reporta a pacientes ante el Ministerio Público responden a posiciones personales o ideológicas, esto pese a que existe una figura penal que los obliga a denunciar con peligro de cárcel.
“Es un área de oportunidad que tenemos que hacer para capacitar mejor a las personas. Es un tema de una concepción conservadora que está anteponiendo sus concepciones a la salud de las mujeres”, afirmó Gasman Zylbermann.
Espera diputada discusión de la despenalización
› Por Fernanda Rangel
La diputada local de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga, expresó que espera que en el tiempo restante de la actual III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México avance en la discusión de su iniciativa que propone eliminar el aborto del Código Penal capitalino.
La legisladora explicó a La Razón que ha presentado y promovido esta iniciativa en distintas legislaturas, por lo cual la impulsará para que avance.
“Yo esperaría que fuera (discusión en el Pleno) antes de que concluyera la legislatura. De verdad, sería un gran avance. Todavía tenemos un año y medio de esta legislatura para continuar sensibilizando tanto a diputados como a la sociedad de lo importante que es el que se nos pueda reconocer”, señaló.
- El Tip: Morena afirma que hubo una “campaña de desinformación” sobre la iniciativa de aborto y que incluso sus legisladoras fueron “linchadas” con lonas y en la web.
Pese a que entre 2024 a 2025 la criminalización de personas con capacidad de gestar por el delito de aborto ha aumentado en 32 por ciento, la morenista agregó que, desde su punto de vista, las mujeres no deberían enfrentar procesos penales por decidir sobre su cuerpo.
“No podemos seguir siendo señaladas por decidir sobre nuestro cuerpo. Nadie nos puede obligar a ser madres cuando no contamos con las circunstancias económicas, psicológicas”, indicó.
- 120 mil personas asistieron ayer a la marcha del 8M en la capital
Ayala Zúñiga destacó que trabajará para que este delito se derogue, pero, a un año dos meses de que se presentó la propuesta en el Congreso capitalino, no hay avances por el freno de Morena. Ayer, la diputada Brenda Ruiz Aguilar indicó que seguirá la campaña de información.
