La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) reservó hasta 2031 toda la información relacionada con los casi 900 perros y gatos que extrajo del Refugio Franciscano, A.C., el pasado 7 de enero, pues argumenta que los datos forman parte de una investigación penal en curso encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La Razón solicitó al organismo, vía transparencia, notificar sobre la cantidad de animales retirados, cuántos han muerto desde el operativo y cuánto dinero se ha invertido en su tutela; así como los acuerdos alcanzados entre autoridades y el Refugio para el eventual regreso de los ejemplares. La respuesta fue negativa.
- EL DATO: LA DIRECTORA del Refugio Franciscano, A.C., Gina Rivara dijo el 1 de abril a Javier Solórzano, en La Razón YouTube, que el albergue ya estaba listo para recibir a los animales.
“Se hace del conocimiento que la información de las de nuestras relacionadas con el asunto que nos ocupa radicados bajo el número de expediente PAOT-2025-7907-SPA-5488 y acumulados guardan un estatus información clasificado en su modalidad que se va de manera total (...), ya que dicha información guarda una relación directa e inmediata con la carpeta de investigación que identificada con el número CI-FDAMPU/UI-2C/D/01901/12-2025”, respondió.
Una fuente cercana al Refugio Franciscano, A.C., quien pidió el anonimato por temor a que el Gobierno capitalino suspenda las mesas de diálogo que mantiene activas desde enero con la asociación civil, expresó en entrevista su inconformidad sobre la reserva de la información acerca del caso.
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Esto, porque el 7 de enero del presente año, la PAOT, en conjunto con la Fiscalía local y otras autoridades entraron al Refugio Franciscano, A.C., ubicado en Cuajimalpa, por presunto maltrato animal, pues no existían las condiciones para el resguardo de los perros y gatos.
En el lugar habitaban 936 animales, pero, reportaron las autoridades, cuando ocurrió el operativo hallaron a 21 ejemplares fallecidos y 57 más estaban hospitalizados, por lo que trasladaron sólo a 858. El 26 de marzo, la ahora Secretaría de Salud Pública reportó 34 decesos.
“No estamos muy de acuerdo en que se haya reservado, porque, finalmente, dónde está el daño que pueda resultar de hacerlo público. Pero con eso de que hay una investigación, pues ya sabes que con eso siempre tienen como el cobijo para no dar información”, señaló la persona cercana a la asociación civil.
La fuente explicó que, aunque existen mesas de trabajo entre autoridades y el patronato desde enero, hasta el momento no se ha firmado ningún acuerdo definitivo para el retorno de los 824 animales.
La persona detalló que el Refugio Franciscano entregó tres dictámenes solicitados por las autoridades: dos relacionados con agua e hidrosanidad y otro sobre área de valor ambiental. Además, que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de la PAOT realizaron inspecciones al inmueble.
“PAOT ya dijo: ‘sí, ya prosigue’. Ahora Segiagua está a cargo. Falta un último documento en el cual digan que revisaron todo y que todo está bien”, explicó.
La fuente añadió que uno de los pocos acuerdos concretos alcanzados hasta ahora ha sido realizar una campaña conjunta de adopción entre autoridades y el Refugio Franciscano, A.C. También indicó que el patronato aceptó remodelar y actualizar las instalaciones del albergue, proceso que, aseguró, ya concluyó.
De acuerdo con la persona, ni el patronato ni los voluntarios han hecho un censo independiente de los animales resguardados por las autoridades, por lo que persiste incertidumbre sobre cuántos perros y gatos continúan con vida y dónde se encuentran.
Además, acusó que las autoridades no han transparentado las enfermedades o padecimientos detectados en los animales y agregó que incluso jueces de amparo han solicitado fichas individuales y fotografías de los ejemplares asegurados, requerimientos que, afirmó, no han sido cumplidos por las autoridades.
Para reservar información, las dependencias fundamentan su decisión al citar los artículos de la Ley de Transparencia que facultan la clasificación; una motivación, en la cual expliquen las razones específicas por las que consideran necesario restringir el acceso; y una prueba de daño, en la que se argumente que la divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable para el interés público.
En este caso, la PAOT utilizó la causal relacionada con procuración de justicia para justificar la reserva de la información.
Aunque en la respuesta entregada no se especificó el tiempo exacto de la clasificación, el documento compartido vía transparencia establece que la reserva puede mantenerse hasta por cinco años y prorrogarse excepcionalmente por otros cinco si persisten las causas que dieron origen a la restricción, por lo que podría extenderse hasta 2031.
La respuesta fue firmada por el biólogo y subprocurador Ambiental de Protección y Bienestar a los Animales, Francisco Javier García Ramírez.
Este diario solicitó a la PAOT una respuesta sobre la reserva de información, pero al cierre de esta edición no hubo tal.
LOS RETRASOS. La fuente aseguró que las mesas de diálogo entre el refugio de Cuajimalpa y el Gobierno capitalino se retrasaron luego de que el entonces encargado de encabezar las negociaciones, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, se excusara de participar.
Su salida ocurrió después de que se hiciera público que habitaba un departamento en la colonia Polanco rentado desde hace más de 15 años a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, institución que mantiene un pleito legal con el Refugio Franciscano, A.C., por el predio de Cuajimalpa.
La relación entre ambas partes se encuentra deteriorada desde hace meses, luego de que la asociación civil acusó que el terreno habría sido vendido a una desarrolladora inmobiliaria sin consultarle, situación que detonó en señalamientos de posible conflicto de interés.
Ahora, las mesas son encabezadas por la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, con quien, aseguró la fuente, las negociaciones avanzan.
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