El Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 47 votos a favor, una serie de reformas a la Ley de Educación local para regular el uso de teléfonos celulares dentro de los salones en escuelas primarias y secundarias de la capital del país, así como castigar el “phishing”.
La legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, afirmó que la reforma para el uso de teléfonos no prohíbe de manera absoluta de los equipos y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática.
“El dictamen que se presenta no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática. Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos”, aclaró.
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Agregó que la iniciativa nació ante los daños registrados en el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes, con el uso excesivo de celulares y pantallas dentro de las escuelas.
¿Cuál es el fin de la reforma a la Ley de Educación de la CDMX?
Ante la importancia de la tecnología en la vida cotidiana, la panista Laura Alejandra Álvarez Soto indicó que la reforma busca establecer protocolos y acciones que limiten el uso y portación de celulares en escuelas primarias y secundarias.
En materia de ciberacoso o explotación sexual en línea, la Álvarez Soto señaló que en México más de tres millones de adolescentes han sido víctimas de dichos actos, por lo que es necesario promover un uso responsable y consciente de la tecnología en las escuelas de la Ciudad de México.
Sin embargp, la panista externó que el dictamen presentado es mucho menos ambicioso y está lejos de su iniciativa original, ya que se limitó a establecer estrategias de aprendizaje digital.
Castigan “phishing” con hasta 6 años de cárcel
En esta iniciativa, también se integró el castigo al delito de “phishing” o robo de datos personales, mismo que tendrá una condena de hasta seis años de prisión.
En ese sentido, el perredista Pablo Trejo Pérez señaló que se debe garantizar un uso responsable y orientado al aprendizaje con estos dispositivos, ya que su utilización indiscriminada afecta la convivencia escolar y los procesos de enseñanza.
En su participación, el diputado Alberto Martínez Urincho expuso que el creciente uso de la tecnología también ha generado un aumento de los fraudes electrónicos, y que el marco legal no contempla este tipo de nuevas acciones delictivas, lo que dificulta la persecución y sanción de los responsables.
Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, agregó que la iniciativa define al “phishing” como el delito de quienes lanzan un anzuelo digital para pescar información y datos de las víctimas a través del engaño, haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios, instituciones gubernamentales u otras entidades, mediante mensajes de texto, sitios web o llamadas telefónicas.
Martínez Urincho indicó que a nivel nacional se pasó de 300 millones de intentos de ciberataques en el año 2019 a 120 mil millones en 2021, lo que significa que la probabilidad de ser víctima aumentó un 75 por ciento. Esto, añadió, equivale a que cada 39 segundos ocurre un caso; es decir dos mil 200 al día.
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FGR
