La fundadora del Colectivo Génesis, Verónica Alonso Rojas, denunció presuntas irregularidades cometidas por más de una decena de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que obstaculizan el acceso a la justicia de 48 mujeres y al menos 30 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y casos de feminicidio.
La activista aseguró que las omisiones, retrasos y posibles actos de corrupción dentro de distintas áreas de la institución se deben a redes de corrupción y a la falta de personal capacitado para atender los casos.
- El Dato: El juez Francisco Salazar absolvió en 2024 a Diego “N”, exalumno del IPN, del delito contra la intimidad sexual por falta de pruebas. Políticos y activistas lo cuestionaron.
“Se juntan esos dos factores tan poderosos: que no tienen personal y también la corrupción. Hemos visto que dos policías de investigación estaban peleando por una laptop, a veces nos han pedido hojas para poder hacer impresiones o copias de nuestras carpetas”, afirmó a La Razón.
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La violencia familiar es el principal delito que aqueja a las integrantes del Colectivo Génesis. Sólo en los primeros cuatro meses de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó nueve mil 431 carpetas de investigación por este delito en la capital, además de 324 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y cuatro por otros delitos contra la familia.
“Muchos Ministerios Públicos que han apoyado mucho a las víctimas nos dicen que también deberíamos pedir a las autoridades que haya más personal, porque no se dan abasto”, relató la activista.
- 3 de cada cuatro personas confían en la fiscalía local
Alonso Rojas explicó que el colectivo nació hace poco más de dos años, después de que denunció el abuso sexual contra su hija, quien entonces tenía cinco años, y en el proceso enfrentó obstáculos para que el caso avanzara, porque las autoridades exigían a la menor precisar fechas y horarios exactos de los hechos denunciados.
“Prácticamente por eso la carpeta no pudo ser por violación, sino por corrupción de menores… Falta perspectiva para las infancias”, recordó la mujer.
A partir de esa experiencia acompañó a otras víctimas y familias que enfrentaban problemas similares con el sistema de procuración de justicia local.
El 21 de mayo integrantes de la organización protestaron frente a las instalaciones de la fiscalía. Ahí, Sandra Alonso, hermana de Verónica, se desangró con cuatro catéteres para exigir atención de las autoridades, lo cual resultó y las recibió el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, para la revisión de sus peticiones.
“Que nos haya recibido no significa que nuestras peticiones o asuntos estén bien encaminados. Ya nos dio la atención, la mesa, pero aquí el detalle es que cumplan los acuerdos”, sostuvo la activista.
- 15 personas, al menos, son señaladas por el colectivo
Uno delos casos expuestos por el colectivo es el de una víctima de tentativa de feminicidio, cuyo agresor podría recuperar su libertad luego de que un juez eliminó ese delito y dejó el de violencia familiar.
Otro hecho es el de una agente del Ministerio Público, quien, presuntamente, participó en el desistimiento irregular de una apelación promovida por la víctima.
Alonso Rojas contó que la funcionaria convenció a un familiar del imputado de entregar medio millón de pesos bajo el argumento de que la denunciante solicitaba esa cantidad para retirar la apelación y, posteriormente, presentó un desistimiento presuntamente forjado y firmado sin autorización de la víctima.
Alonso Rojas mencionó por nombre a funcionarios y servidores adscritos a áreas de violencia familiar y feminicidio que, según el colectivo, estarían relacionados con presuntas irregularidades en distintas carpetas de investigación.
Las personas señaladas son Alma Rosa Vidal Romero, Luis Antonio Pérez Larios, Ramsés Castillo, Julio Antonio Ramírez Ramírez, María del Rosario Pérez Cortés, Víctor Alfredo Fernández Hernández, Patricia Corral Hernández, María Beatriz Palma Mena, Leonor Mejía Díaz, Lisbeth Ivonne Rivera Romero, Jazmín Margarita Calzada Quijano, Enrique Castillo Llanos y María de la Paz Martínez Rubio.
La activista también mencionó al juez Francisco Salazar Silva por actuaciones relacionadas con el expediente de tentativa de feminicidio y afirmó que “si ya es difícil hablar con la Fiscalía o la Secretaría de Gobierno, imagínate con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”.
A DÍAS DE LA COPA . El jueves iniciará el Mundial de Futbol, por lo que Alonso Rojas cuestionó que el Gobierno local concentre esfuerzos en proyectar una imagen positiva mientras continúan sin resolverse diversos casos de violencia.
La activista adelantó que integrantes de Génesis analizan sumarse a colectivos de madres y padres buscadores en la protesta durante la inauguración del Mundial para visibilizar sus demandas.
