La desaparición del órgano capitalino garante de transparencia, el Info CDMX, y su sustitución por un nuevo organismo “Transparencia para el Pueblo” abrió un choque político en el Congreso capitalino, donde Morena y la oposición mantienen versiones encontradas sobre el impacto de la reforma en el derecho de acceso a la información.
El presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso local, el diputado de la bancada guinda, Víctor Hugo Romo Guerra de Vivar, defendió en entrevista con La Razón que el nuevo esquema no elimina derechos ciudadanos, sino que forma parte de una armonización legislativa derivada de la reforma federal.
“Antes era un viacrucis, el propio Info CDMX no tenía dientes, ahora Transparencia para el Pueblo va a tener dientes y va a ser a través de la Contraloría. No se pierde ningún derecho, pero se hace un acotamiento administrativo. Un ahorro de funciones. Se hace una simplificación y se dan facultades para que haya sanciones”, apuntó.
Al respecto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino, Royfid Torres González, advirtió para este periódico que el rediseño implica justamente lo contrario: la eliminación de la autonomía del órgano garante y la subordinación de las decisiones de transparencia al Poder Ejecutivo capitalino.
“Vamos a dar por cancelado este derecho, porque va a quedar totalmente a la discreción una persona que además depende jerárquicamente de la Jefa de Gobierno”, señaló.
El debate ocurre en el marco de la aprobación de la nueva Ley de Transparencia de la Ciudad de México, con la que el Congreso capitalino dio paso a un rediseño completo del sistema de acceso a la información y protección de datos personales, tras la extinción del órgano autónomo.
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La reforma fue avalada por 53 votos a favor y cinco en contra, y establece la desaparición del Info CDMX para dar paso a un esquema desconcentrado adscrito a la Secretaría de la Contraloría, con una autoridad unipersonal encargada de coordinar el nuevo sistema.
En la práctica, el modelo sustituye la estructura colegiada del pleno de comisionados por un sistema de transparencia articulado a través de 11 autoridades garantes en distintos entes públicos, con nuevas reglas de coordinación interinstitucional, obligaciones de transparencia reforzadas y atribuciones para resolver recursos de revisión e imponer sanciones.
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La medida ocurrió en un contexto en el que el Congreso capitalino ya había recibido la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para extinguir el organismo, en línea con la reforma federal que previamente había eliminado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a nivel nacional.
Previo a su extinción, el Info CDMX resolvió 117 medios de impugnación, entre los que se incluyen 39 revocaciones, 24 modificaciones, 21 sobreseimientos, 16 confirmaciones, 16 desechamientos y una denuncia parcialmente fundada, pero inoperante.
En este contexto, el rediseño también contempla la desaparición de la figura de comisionados y pleno, lo que implica un cambio estructural en la forma en que se toman las decisiones sobre acceso a la información en la capital.
El nuevo sistema de transparencia, de acuerdo con el dictamen aprobado, busca además fortalecer la coordinación entre sujetos obligados y autoridades garantes, así como precisar las reglas para la protección de datos personales y la publicidad de la información pública.
En ese punto del proceso, la titular de la Contraloría, Nashieli Ramírez Hernández, asume un papel central como responsable de la implementación del nuevo modelo de “Transparencia para el Pueblo”, que sustituirá al órgano autónomo.
Desde la oposición, el coordinador emecista, Torres González, advirtió que el cambio rompe con el diseño de contrapesos que durante años sostuvo la autonomía del sistema de transparencia.
El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que el traslado de funciones a la Contraloría podría generar cuellos de botella en la atención de solicitudes y mayor discrecionalidad en las respuestas.
Por su parte, la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, Tania Larios Pérez, afirmó que la ciudad enfrenta un vacío institucional durante la transición, al señalar que aunque la ley ya fue aprobada, aún no se ha consolidado plenamente el nuevo órgano garante.
“Tenemos una ley, pero sin órgano garante para implementar la transparencia. En este momento no se puede dar cumplimiento ni a las solicitudes ni a los procesos de absolutamente ninguna de las partes. No hay garantía de nada”, expresó.
Sobre esto, el 8 de junio, Brugada Molina afirmó que la instalación del nuevo organismo de transparencia sucederá en aproximadamente un mes, a mediados de la segunda semana de junio de acuerdo con las fechas dadas, se acelerará para que entre en funciones en el corto plazo, con el objetivo de garantizar la continuidad del derecho de acceso a la información durante la transición institucional.
Señaló que la Secretaría de la Contraloría deberá llevar a cabo el proceso de entrega-recepción en un plazo menor a un mes, con la finalidad de que el nuevo esquema de “Transparencia para el Pueblo” comience a operar lo antes posible y sin interrupciones en el sistema de rendición de cuentas de la capital.
La legisladora adelantó que su bancada analiza una ruta jurídica para impugnar la reforma y promover amparos que obliguen a garantizar el funcionamiento efectivo del sistema.
Tras casi dos décadas de operación, el Info CDMX deja atrás su estructura autónoma y colegiada, mientras la capital transita hacia un esquema aún en implementación, cuyo alcance real sobre el derecho de acceso a la información sigue en disputa política y jurídica.
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