“Me quedé con el abogado, porque nadie más iba a llevar mi proceso”, dijo Lily, mujer trans acusada de un supuesto robo, sobre su defensor de oficio, quien la discriminó. Como ella, personas de la diversidad sexual recluidas en penales capitalinos carecen de las condiciones para garantizar su acceso a la justicia.
La presidenta de Almas Cautivas, A.C., Ari Vera Morales, explicó que muestra de esta situación es que aproximadamente 95 por ciento de la población LGBTTTIQ+ que está en una prisión capitalina no tiene los recursos para pagar un defensor particular, por lo cual opta por los servicios de litigantes de oficio que no se adecúan a sus necesidades.
- El dato: Existen dormitorios específicos asignados a la población LGBTTTIQ+ en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, de acuerdo con las autoridades locales.
“Los defensores públicos del orden estatal, también en la Ciudad de México, casi no tienen la preparación para atender los casos de personas de LGBTTTIQ+. Desconocen cómo preparar una defensa desde una perspectiva de género y de diversidad sexual, y eso claro que impide a las personas no binarias el poder defenderse”, señaló la activista trans a La Razón.
Para la promotora de los derechos humanos hay dos elementos importantes que, desde su óptica, las autoridades capitalinas deben impulsar para generar un marco legal óptimo en esta materia en favor de este sector poblacional privado de su libertad.
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La primera es la capacitación de los abogados sobre temas de la diversidad sexual y perspectiva de género, y la segunda, el conocimiento de los instrumentos jurídicos que, al día de hoy, se han legislado a nivel local y federal.
“Si tenemos defensores públicos que no trabajan en transformar sus prejuicios, sus estereotipos y estigmas sobre personas de la diversidad, difícilmente se va a tener una buena defensoría.
“Se necesita la sensibilidad y la empatía de ponerse con el otro y cómo entender que las asimetrías del poder impactan de manera diferenciada sobre una persona diversa”, apuntó Vera Morales.
Lily, mujer trans a quien por motivos de privacidad y sensibilidad se le identificará con ese nombre en este texto periodístico, contó que hace ocho años enfrentó un juicio por el delito de asociación delictuosa, luego de que compañeras de trabajo la señalaran a ella y a otra mujer por un supuesto robo a un negocio de la colonia Anáhuac, en Miguel Hidalgo.
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El señalamiento inicial fue por un monto aproximado de 105 mil pesos. Por un lado debía enfrentar los señalamientos y, por otro, los problemas con su defensor de oficio, quien evadía mirarla.
“No me veía, platicaba con él, como pasa normal, pero casi nunca me vio. Hace años no era consciente de saber qué o cómo decirle eso: que me viera. Y si me llegaba a ver (el abogado), bajaba la cabeza, como a los brazos, los pies se les quedaba viendo siempre, pero no en la cara”, expuso la mujer.
De acuerdo con Vera Morales, los problemas de personas como Lily son comunes ya que cerca de 60 por ciento de las personas LGBTTTIQ+ en prisiones capitalinas suelen tener problemas de comunicación con sus defensores, aunque a veces sólo los han visto una vez o, en el peor de los casos, no saben ni un dato de ellos.
Lily estuvo seis años en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y, desde su detención, ningún custodio, juez o autoridad respetó su identidad de género; siempre se le identificó por su sexo y su nombre de nacimiento.
“Como trans, estar ahí se te queda siempre, como si no salieras. Me dolió más (la discriminación) que la sentencia. Y lo he pensado: ‘como me procesaron, porque estoy así, pero es que no puedo verme de otra forma’”, asestó la mujer de 43 años.
De acuerdo con el “Diagnóstico sobre el acceso y ejercicio de derechos de las personas LGBTTTIQ+ privadas de la libertad en México 2021”, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en ese año había mil 106 personas de la diversidad sexual recluidas de las que 16.7 por ciento dijo haberse sentido discriminado por su orientación sexual o identidad de género.
Además, el informe detalla que 49.9 por ciento de esta población en reclusión sufrió al menos una situación de victimización, como amenazas, delitos sexuales, extorsiones, robo de objetos personales y violación sexual.
Lily comentó que, debido a la falta de recursos económicos para contratar a un litigante privado, optó por su defensa de oficio, pese a los actos de discriminación. También criticó la falta de apoyo que tuvo en su proceso y situación legal.
“Cómo te explicas que yo me robé el dinero por el que fui reclusa, estaba mal como para un abogado. Me quedé con él (su abogado), porque nadie más iba a llevar mi proceso ¿Quién? Fui reclusa y ni un solo apoyo tuve.
“Estaba justita, me daban 11 mil pesos; pagué rentas, comida, servicios, tenía que mandarle a mamá dinero, porque no movía las piernas, darle a la cuidadora como se pudiera. ¡Pregúntame cuánto yo me quedaba para un pinche abogado!”, expresó Lily, quien cumplió su sentencia para recobrar su libertad.
¿LIBERTAD? La presidenta de Almas Cautivas, A.C., explicó que cada año en la capital del país sólo 20 individuos de la diversidad sexual logran salir de prisión.
Datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que, al 26 de junio, había 823 personas LGBTTTIQ+ privadas de su libertad, por lo que, de acuerdo con lo mencionado por Vera Morales, sólo 2.43 por ciento de éstas podría obtener su libertad.
Los problemas de esta naturaleza, no son los únicos que este sector afronta para acceder a la justicia, porque incluso si una persona con identidad diversa llegara a conseguir libertad condicional, los obstáculos permanecen.
Por ejemplo, para obtener un dispositivo de monitoreo en la Ciudad de México, la persona acusada debe realizar un pago que, por lo general, asciende a más de 90 mil pesos, un promedio que, en la mayoría de los casos resulta inalcanzable.
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