Ante el aumento de conflictos relacionados con la propiedad de viviendas, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva estrategia para combatir el delito de despojo, que incluye un programa masivo de regularización de inmuebles, la creación de una defensoría pública especializada en temas de propiedad y apoyo legal gratuito para quienes enfrenten disputas por su patrimonio.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la estrategia busca atender no sólo los casos donde existe un posible delito, sino también los problemas derivados de viviendas intestadas, una de las principales causas de conflictos familiares por la posesión de bienes.
- El Dato: El Gobierno capitalino también analiza mecanismos para disminuir cargas fiscales y facilitar que más familias puedan resolver la situación legal de sus viviendas.
Durante la entrega de créditos para mejoramiento y ampliación de vivienda, así como de escrituras, la mandararia señaló que contar con la documentación que acredita la propiedad es una de las principales herramientas para defender un inmueble ante intentos de ocupación ilegal.
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Brugada anunció que el programa de regularización iniciará en unidades habitacionales, donde se realizará un diagnóstico para identificar cuántos propietarios carecen de escrituras públicas.
Para ello, instruyó al secretario de Vivienda, Inti Muñoz, a elaborar un censo de propietarios sin documentos que acrediten legalmente su patrimonio y diseñar un esquema de regularización con menos trámites burocráticos.
Destacó que la falta de escrituras coloca a muchas familias en una situación de vulnerabilidad, pues dificulta demostrar la legítima posesión de una vivienda y facilita la aparición de disputas legales.
Brugada explicó que, de 10 denuncias reportadas recientemente, únicamente dos configuraron el delito de despojo, mientras que siete estuvieron relacionadas con disputas familiares por inmuebles cuyos propietarios fallecieron sin dejar resuelta la situación jurídica.
Ante este panorama, se buscarán acuerdos con el Colegio de Notarios y autoridades federales para reducir los costos asociados a los procesos de regularización de herencias y propiedades intestadas.
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