Entre enero y agosto del presente año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 156 carpetas de investigación en contra de personas gestantes por el presunto delito de aborto; es decir, un promedio de cuatro a la semana.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que expone los datos de la autoridad capitalina, muestran que el total de indagatorias iniciadas en 2026, es sólo cuatro casos menos que los registrados en 2025 en el mismo periodo. Respecto a 2024, la cifra representa un alza de 36.8 por ciento.
Esto, porque el artículo 144 del Código Penal local establece una pena de tres a seis meses de prisión o bien, entre 100 y 300 días de trabajo comunitario, a la persona gestante que interrumpa su embarazo después de las 12 semanas de gestación.
- 17 mil 288 ILE practicó la clínica Beatriz Velazco en seis años
Ayer, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, decenas de mujeres marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo para exigir respetoa decidir sobre su cuerpo y para que el Estado despenalice la interrupción del embarazo.
En la protesta, las manifestantes portaron pancartas con leyendas como “ni puta x coger ni madre x deber ni muerta x abortar”, “abortar también es un acto de amor”, “que el aborto sea un derecho para todas las mujeres”.
La criminalización por interrumpir el embarazo aún persiste en la capital, pues en noviembre se cumplirán dos años de que la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, impidió que la iniciativa para sacar el aborto del Código Penal local, pasara a su discusión ante el pleno.
La propuesta de la diputada Yuriri Ayala Zúñiga no está dentro de las prioridades de Morena en la actual legislatura y el pasado 31 de agosto, la legisladora Cecilia Vadillo Obregón dijo a La Razón que es necesario un “consenso social” para avalar el dictamen, por lo que seguirán con foros.
“Vamos a avanzar conforme se vayan logrando consensos sociales y demandas sociales. En ese sentido, determinamos que todavía no hay un consenso social y que hay mucha desinformación en el tema. Entonces, cuando vayamos viendo que se puede y hay condiciones sociales para avanzar, lo haremos”, dijo.
Las denuncias por alcantarillas sin tapas aumentan 81.8% en Tláhuac
