“Mi principal interés es el bienestar de los menores hijos de las partes”, escribió la actual titular del Juzgado Quinto de lo Familiar capitalino, Araceli Cortés Eslava, durante su candidatura en las elecciones del Poder Judicial. Sin embargo, madres víctimas de violencia vicaria la señalan por presuntas omisiones, dilación de procesos y decisiones que, aseguran, han favorecido a sus exparejas y prolongan la separación de sus hijos.
La juzgadora fue electa en el proceso judicial de 2025 con 25 mil 656 votos, de acuerdo con su perfil en la plataforma “Conóceles” del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En esa plataforma, la entonces candidata destacó su trayectoria en materia familiar y aseguró tener una “imperiosa necesidad” de aportar a la solución de los conflictos que enfrentan las familias, además de plantear una impartición de justicia “ágil”.
- El dato: La Red Solidaria Década Contra la Impunidad lanzó en 2025 una guía para ayudar a víctimas de violencia vicaria, para prevenir este delito y apoyar a las infancias.
Ahora, sus acciones son cuestionadas por un grupo de madres que acudió ante autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) para exigir que se revise su actuación y solicitar su destitución al magistrado presidente del órgano, Rafael Guerra Álvarez.
“Venimos con la licenciada Laura Mejía para mostrarle todas las evidencias de las irregularidades, omisiones, negligencias y estrategias dilatorias de la jueza Cortés Eslava”, señaló ayer Maha Schekaiban, quien perdió la custodia de sus cinco hijos y, por ello, es activista contra la violencia vicaria.
Junto a Maha Schekaiban acudieron Rosa, Mailys y Marion, madres de distintas nacionalidades, condiciones económicas y situaciones familiares, quienes comparten experiencias de procesos judiciales que han derivado en la separación de sus hijos o en la afectación de los derechos de los menores.
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La violencia vicaria se refiere a la instrumentalización de hijos, familiares o allegados como una forma de causar algún tipo de daño, incluido el psicológico, a una mujer. Este delito se tipificó desde 2024 y la Secretaría de las Mujeres local reportó que sólo en el primer trimestre de 2025 atendió a 400 mujeres víctimas de ilícito.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2026 se registraron en la Ciudad de México 18 mil 198 carpetas de violencia familiar y 606 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Estas cifras no equivalen a casos de violencia vicaria, pese a que este tipo de violencia está reconocido en la legislación capitalina, no existe una estadística que permita conocer con precisión cuántas personas son víctimas de esta modalidad específica. Tampoco hay datos sobre sentencias de este tipo de casos.
Maha Schekaiban contó que durante la reunión les dijeron que la solicitud de destitución será escalada al magistrado presidente, pero que esa decisión corresponde sólo al Tribunal de Disciplina Judicial.
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“Ella (Laura Mejía) nos comentó que va a escalar este tema con el magistrado Guerra y lo que nos comentó es que las facultades para investigar y analizar el actuar de los jueces recaen en el Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, a quienes les pedimos encarecidamente revise su actuar”, dijo a La Razón.
Las mujeres aseguraron que no se trata de un solo expediente, pues han encontrado coincidencias en sus casos: escritos que no avanzan, resoluciones que tardan, órdenes que no se ejecutan y dificultades para recuperar o mantener la convivencia con sus hijos.
En su perfil de “Conóceles”, Cortés Eslava destacó su trayectoria en el Poder Judicial y aseguró conocer los problemas que enfrentan las familias.
Incluso la juzgadora indicó que disfrutaba hablar con las partes involucradas en los asuntos familiares y que una de sus prioridades era lograr acuerdos entre los progenitores con el objetivo de que el “principal interés es el bienestar de los menores hijos de las partes”.
Como parte de sus propuestas planteó utilizar herramientas tecnológicas para abatir cargas de trabajo y agilizar solicitudes de información y trámites entre juzgados y distintas dependencias.
Al respecto, Maha Schekaiban sostuvo que el problema en su caso no es únicamente jurídico, sino que involucra la seguridad de sus hijos.
“Existe un grave riesgo para la integridad y seguridad de mis hijos, frente al cual he denunciado reiteradamente la negligencia y omisión de la jueza”, señaló.
La mujer aseguró que existen reportes psicológicos de especialistas del Tribunal que advierten afectaciones emocionales en sus cinco hijos como ansiedad, miedo, tristeza y conflictos de lealtad. “¿Cuántos niños tienen que llegar al límite para que la justicia actúe?”, cuestionó.
Mailys es extranjera y enfrenta un proceso relacionado con la pensión alimenticia de su hija. Relató que el padre de la menor inicialmente negó la paternidad, pero que una prueba genética confirmó, posteriormente, el vínculo.
Aseguró que el padre ha evitado proporcionar información sobre su domicilio, en consecuencia, el juzgado solicitó información a la Secretaría de Administración Tributaria sobre su situación económica, pero Mailys dijo “seguro el SAT ya lo mandó, pero el juzgado no ha dictado nada”.
La madre también relató que, durante una interacción, la jueza Cortés Eslava, supuestamente, le hizo referencia al monto económico involucrado en su expediente, ella interpretó el comentario como una posible insinuación.
Marion, otra víctima aseguró que son 17 madres las que se han unido a partir de expedientes que, desde su perspectiva, presentan un mismo patrón.
La Razón buscó al Tribunal capitalino para conocer su postura sobre la petición para destituir a Cortés Eslava, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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