Sólo un procesado por difundir packs tras 7 meses con la Ley Olimpia

Desde que entraron en vigor las reformas al Código Penal para castigar la violencia sexual digital en la Ciudad de México, conocidas como “Ley Olimpia”, el pasado 22 de enero, se han presentado 233 denuncias, es decir, casi una acusación diaria y, en contraste, sólo una persona ha sido procesada por este delito.

A través de una solicitud de información con número de folio 0113100088820, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX indicó que, de este universo, 104 denuncias se presentaron en la alcaldía Cuauhtémoc, 22 en Gustavo A. Madero, 19 en Álvaro Obregón, 17 en Iztapalapa, 11 en Miguel Hidalgo, nueve en Coyoacán, ocho en Venustiano Carranza, seis en Azcapotzalco, seis en Tlalpan, cinco en Iztacalco, cuatro en Tláhuac, dos en Xochimilco, una en Benito Juárez y 16 sin zona específica.

Alessandra Rojo de la Vega, diputada del Partido Verde Ecologista de México y quien impulsó en el Congreso local la tipificación de los delitos contra la intimidad en el ámbito digital, indicó que el número de denuncias puede ser mayor, ya que sólo ocho por ciento de estos actos se reportan ante las autoridades.

“Se han hecho modificaciones importantes a la ley, pero de nada sirve que se hagan leyes, leyes y leyes si las autoridades no son capaces de llevarlas a cabo y de cuidar a las mujeres y de atenderlas de manera integral, como lo pusimos en la ley”, declaró.

En entrevista para La Razón, Rojo de la Vega destacó la importancia de denunciar a tiempo y, sobre todo, guardar y asegurar toda la evidencia posible.

Olimpia Coral Melo, por quien comenzó el movimiento nacional para castigar la violencia digital contra la mujer, consideró que la falta de conocimiento sobre la custodia de las pruebas ha hecho que las mujeres borren las fotos, videos y demás imágenes que sirven como medios de prueba, lo cual dificulta que proceda la denuncia.

La activista expuso que sí hay un número importante de acusaciones, pero muchas de ellas ya no tienen seguimiento porque no hay nexo causal entre el hecho y las pruebas, lo que implica que no se pueda comprobar que hubo una violación a la intimidad sexual.

“Lo que se nos ha hecho muy difícil, por ejemplo, es la educación legal para las mujeres, muchas de ellas no saben cómo presentar sus pruebas, no saben cómo argumentar la difusión o la producción de los contenidos”, lamentó la activista.

Otro problema, sostuvo Olimpia, es que las denunciantes creen que llamar o enviar un correo electrónico a la policía cibernética, ya sea la federal o de la Ciudad de México, equivale a la realización oficial de la denuncia y no acuden ante la Fiscalía General de Justicia, instancia a la que corresponde realizar la investigación.

También ocurre, dijo, que la denuncia digital no contiene los elementos necesarios para darle validez a la información que ahí se proporciona.

Coral Melo remarcó que las autoridades locales tienen pendiente una campaña de información que, de hecho, está dentro de las acciones de la Alerta de Género, con el objetivo de brindar una herramienta de orientación para las víctimas. Y las policías encargadas de canalizar los reportes también requieren mayor sensibilización en el tema.

Alejandra Díaz Barriga, analista de información de la Policía Cibernética en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, indicó que a las mujeres que denuncian la difusión de sus “packs” se les pide resguardar su información, pues una vez que hacen el reporte, la policía hace lo propio con la red social que difundió las imágenes íntimas, las cuales son retiradas en un plazo de dos a tres días.

“Lo primero que se les pide es que tengan la información (fotos, videos, conversaciones… del agravio) o la copia, si no la tuvieran se les orienta para realizar el acopio, porque la información en redes sociales es muy volátil, de un momento a otro desaparece y quedaríamos sin la información con la que pudieran hacer una denuncia”, subrayó.

La oficial segundo señaló que aunque la Policía Cibernética emite los reportes para que las redes sociales bajen el contenido en cuestión, las víctimas deben tomar en cuenta que una vez que estas imágenes o grabaciones o datos personales están en Internet se pierde el control total para siempre.

“El hecho de que yo pueda ayudarlas o auxiliarlas a dar de baja un contenido, eso no quiere decir que alguien más no lo haya guardado, es algo que nunca termina”, alertó.