Por actos de corrupción, sancionan a mil 680 servidores públicos de la CDMX

Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCG) sancionó a mil 680 servidores públicos que mostraron mala conducta durante su función en alguna dependencia o alcaldía.

De ellos mil 613 se desempeñaron en algún cargo público desde la pasada administración y 67 en el Gobierno actual.

En un comunicado de prensa, la dependencia informó que en el marco de estas acciones suspendió de sus funciones a otros 20 servidores públicos, debido a que existen investigaciones judiciales que pesan en su contra.

Dentro de las conductas sancionadas por la SCG destacan el uso indebido de atribuciones y recursos públicos, conflicto de intereses, cohecho y tráfico de influencias en dependencias, entidades o en alguna de las 16 alcaldías.

En el caso de servidores públicos de la actual administración, la SCG reporta tres funcionarios con sanción de uno a 20 años de inhabilitación; uno con sanción menor a un año y 63 con castigos por faltas a la normatividad.

Respecto a los 20 funcionarios que se encuentran suspendidos mientras se desahoga la investigación en su contra, 13 pertenecen a dependencias y entidades; destacan siete agentes del Ministerio Público, una trabajadora social, un suboficial bombero y un jefe de servicios. Los otros siete son personal en las alcaldías.

En los casos de la administración anterior y como resultado de las denuncias realizadas por la Contraloría General, se iniciaron 24 carpetas de investigación en contra de 27 exfuncionarios, cinco de ellos ya fueron detenidos y otros cinco cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.

Del total de servidores públicos de gobiernos pasados, a quienes se les fincaron responsabilidades, a 197 les impusieron sanción de uno a 20 años de inhabilitación de su cargo; 16 con menos de un año y hasta tres meses y mil 400 con castigos por faltas a la normatividad de la administración.

Las autoridades también investigan a por lo menos 15 empresas que participaron en el proceso de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017, que han derivado en varias órdenes de aprehensión contra de representantes o miembros de éstas.

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