Legislación

Buscan prohibir venta de refrescos y comida chatarra a niños de CDMX

La propuesta establece la prohibición de la venta y distribución de alimentos envasados de alto contenido calórico en escuelas de nivel básico y medio superior

Tabasco y Oaxaca han aprobado leyes antichatarra
Tabasco y Oaxaca han aprobado leyes antichatarraFoto: Especial
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Después de que diputados de Oaxaca y Tabasco aprobaran prohibir la venta de chatarra a menores, la propuesta llegó al Poder Legislativo de la Ciudad de México, a través de una iniciativa presentada por Miguel Ángel Macedo Escartín.

El legislador morenista plantea reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con una adición que prohíbe “la venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y energético”, así como de bebidas azucaradas. 

El proyecto l busca restringir este tipo de alimentos en instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel básico y medio superior. El no cumplimiento sería considerado un delito contra la salud. 

El legislador apuntó que la propuesta busca aportar a la solución de graves problemas de salud que se gestan desde la infancia a través del consumo de alimentos procesados, que generan sobrepeso y obesidad en quienes los consumen.

Para Macedo esta medida influirá en el cuidado de la salud, generando una mayor calidad de vida entre la niñez.

Quedan exentas de estas prohibiciones “las personas que compren los productos en calidad de madres, padres, tutores legales hacia sus hijas, hijos, o menores de edad bajo su tutela”, establece.

Claves de la propuesta
Reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la CDMX.
  • ​Prohíbe la venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y energético.
  • Aplica también para bebidas azucaradas, conforme a la Norma Oficial Mexicana.
  • Limita estos productos en instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel básico y medio superior.
  • El no cumplimiento de las disposiciones sería considerado un delito contra la salud.