Corredor vial de Culhuacán

Microbuseros piden conservar concesión

Desde las primeras horas del día, operadores, acompañados de sus familiares, bloquearon el cruce entre Calzada de las Bombas y Canal Nacional, en los límites entre Iztapalapa y Coyoacán

Microbuseros piden conservar concesión
Microbuseros piden conservar concesiónFoto: Especial
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Transportistas de las rutas 12, 84 y 91 de la Ciudad de México se manifestaron este lunes para exigir a las autoridades capitalinas que no se les quiten sus concesiones para circular en el corredor vial de Culhuacán.

Desde las primeras horas del día, operadores, acompañados de sus familiares, bloquearon el cruce entre Calzada de las Bombas y Canal Nacional, en los límites entre Iztapalapa y Coyoacán.

Con pancartas en las que se leían mensajes como “No al despojo de transportistas, democracia ya”, “No valen actas constitutivas fraudulentas”, “Sí a la modernización, sí a la libre asociación, no a la imposición, no al albazo”, entre otros, decenas de operadores y familiares suyos bloquearon el paso vehicular por varias horas.

También se observaron unidades del transporte público que usaron para bloquear el paso, algunas con consignas en los cristales.

Los afectados acusaron a la Secretaría de Movilidad (Semovi) de no incluir a todos los concesionarios y dar preferencia a unos cuantos, en el proceso de chatarrización de unidades que implementan las autoridades.

Esto, ante el programa de la dependencia capitalina con la que se busca la extinción de las concesiones, para que en su lugar sea una empresa la encargada de ofrecer el servicio de transporte público en la zona.

Entre sus demandas, los transportistas señalaron que no están en condiciones de adquirir nuevos autobuses, ya que esto implicaría deudas para ellos, lo que dejaría sin sustento a sus familias.

Además, advirtieron que el proceso dejó afuera a más de 200 unidades de concesionarios que han dado servicio en esas rutas desde hace décadas.

Ignacio Hernández, líder de los transportistas afectados, pidió a las autoridades capitalinas que los escuchen para llegar a un acuerdo y solicitó no “criminalizar” sus peticiones ni sus manifestaciones.