Plantean hasta 6 años de cárcel por delinquir con ayuda de dron

Tras presentar una iniciativa en el Congreso local para que se incrementen las penas cuando en la comisión de delitos se haga uso de drones, el diputado panista Héctor Barrera Marmolejo advirtió que, desde hace algunos meses, vecinos de Coyoacán denunciaron la presencia de drones sobrevolando sus domicilios.

“No nos vaya a pasar que después del niño ahogado, queramos tapar el pozo”, enfatizó, al recordar que en otras entidades federativas ya se han visto ataques más severos por parte del crimen organizado con uso de estas tecnologías.

“Como cuando se atacó un cuartel de la Guardia Nacional, en el que un dron llevaba proyectiles de fuego; traen cámaras de infrarrojo también. En Jalisco también hubo un evento en el que un dron sobrevoló una casa, dejó caer un explosivo y causó daños”, dijo a La Razón.

“Lo que tenemos que hacer es legislar para que cuando estos dispositivos, estos drones, sean usados por el crimen, sean sancionados de una forma más severa”, destacó, y afirmó que el uso de la tecnología puede ser usado “como una ventaja y alevosía por parte del delincuente”.

Aunque no es frecuente, está dinámica para cometer hurtos se ha extendido a otras partes del país, como en Xalapa, Veracruz, y en Zapopan, Jalisco, donde las autoridades han emitido alertas, tras recibir denuncias de la población.

En el caso de la Ciudad de México, y particularmente en Coyoacán, ya se han documentado algunos episodios delictivos con el uso de drones.

En septiembre del 2018, la policía capitalina detuvo a un hombre en la colonia Espartaco, tras ser presunto responsable de robar en más de 20 casas con ayuda de un dron para vigilar a las víctimas. Meses después, en julio del 2019, vecinos de la colonia Parque San Andrés denunciaron el uso de drones para cometer robos.

En su iniciativa, el diputado propone que se eleve la pena a seis años de cárcel por hacer uso de drones o cámaras de videovigilancia, con la finalidad de mapear domicilios para cometer atracos.

“Es un agravante al artículo 224 (del Código Penal), incluida una fracción, la XII, en donde señalamos que haya un incremento de la pena, o sea un agravante, cuando se cometa un delito y se utilicen los denominados drones para cometer cualquier conducta delictiva: robo, secuestro, homicidio, en la que el crimen organizado use drones, que estamos a la altura de poderlo sancionar de una forma severa para que no haya una conducta reiterada”, destacó.

“No es criminalizar”, sostuvo, pues recordó que el uso de esta tecnología con fines de investigación, seguridad o recreativos es positivo. Es únicamente, expuso, poner el tema sobre la mesa para tomar medidas cuando se llegue a hacer un uso inadecuado de los mismos, además de que puedan servir como “elementos de prueba” en la comisión de delitos.

En la tribuna, el legislador panista aseguró que los delincuentes han optado por usar este tipo de herramientas para obtener “información privilegiada, ubicar personas, tomarles fotografías o video sin su consentimiento, así como de bienes muebles y el interior de inmuebles como casas, bodegas o establecimientos, lo que los convierte en objetivos susceptibles de ser robados.

“Incluso, hemos escuchado de trasiego de drogas con drones”, advirtió, al destacar que el uso de estos aparatos brinda “ventajas” a los delincuentes al momento de planear robos, secuestros o extorsiones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para ser analizada y dictaminada.

El tema, no obstante, no es la primera vez que llega al Congreso capitalino. En agosto del año pasado, la morenista Isabela Rosales Herrera presentó una iniciativa para sancionar hasta con un año de cárcel a quienes hagan uso de drones para cometer ilícitos.

La diputada propuso que en el Código Penal se reconocieran los delitos cometidos con vehículos no tripulados con penas de hasta 50 días de multa o un año de cárcel; además, se contemplaban infracciones para quienes no cuenten con el debido registro de uso del dron.

En México, el uso de drones está regulado desde enero del 2020, con la entrada en vigor de una Norma Oficial Mexicana (NOM) en la que se estableció el uso de estos artefactos con tres fines: recreativos, comerciales y no comerciales.