“Criminalizar” a los criminales

Cada día es más común ver en nuestro país a los activistas que supuestamente apoyan a las víctimas en distintos asuntos, que en realidad sólo trabajan para sus propios intereses y lo que buscan es entorpecer las indagaciones.

Así fue el caso para la investigación de los 43 jóvenes desaparecidos. Vidulfo Rosales, uno de los representantes de los padres de familia, no permitió que se les interrogara.

Esa información hubiera sido valiosísima en la investigación. Para los padres de familia lo más importante era esclarecer el tema de sus hijos, pero para Vidulfo y los otros líderes esto hubiera acabado con su bandera para manifestarse y seguir sacando beneficios con la tragedia ajena.

Antes de los 43 desaparecidos está el caso de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien murió en un acto heroico al apagar un incendio en una gasolinera que pudo haber explotado y matado a decenas de personas.

Rivas Cámara apagó una bomba de combustible a la cual prendieron fuego normalistas de Ayotzinapa.

A este hombre se le quiere otorgar la Medalla Belisario Domínguez, sobre todo después de la muerte de su principal impulsor, Luis González de Alba.

Ahora el mismo Vidulfo Rosales, el que impidió que los padres de los 43 normalistas desaparecidos declararan, trata que no se le dé la medalla a Rivas Cámara porque dice que se está victimizando a los jóvenes de la normal que intentaron incendiar la gasolinera.

Hay videos, se tiene identificados a estos jóvenes, pero nunca se quiso hacer justicia en este caso. Justo ayer en La Razón la viuda de Rivas Cámara platica que ni siquiera ha recibido la indemnización pactada y que la medalla sería un gran reconocimiento para sus dos hijas.

También está el caso de Nochixtlán, Oaxaca, en donde se exige justicia, pero no permiten que las autoridades lleven a cabo las indagatorias para esclarecer los hechos; no quieren que se confirme que la agresión inició con disparos de grupos civiles.

La Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán en junio de este año. Antes había estado a cargo de la Fiscalía General de Oaxaca, pero debido a que durante los hechos se cometieron delitos del fuero federal la PGR decidió hacerse cargo de la indagatoria.

La propuesta inicial de la PGR fue efectuar un recorrido por los puntos donde se dio el enfrentamiento entre civiles y las fuerzas conjuntas de la Policía Federal y la Estatal y, en cada uno de ellos, los testigos y las víctimas darían su testimonio, para determinar la dinámica de los eventos de acuerdo con los videos y fotografías con que cuenta la dependencia.

Además se contempló realizar peritajes tanto en el hotel Juquila, como en el lugar donde se encuentra una vulcanizadora, de donde se reportaron disparos con arma de fuego.

Los familiares de las víctimas, así como un contingente de más de 100 maestros de la Sección 22 de la CNTE e integrantes de organizaciones sociales, encabezados por el Comité de Víctimas de Nochixtlán, que dirige la profesora Juana Ramón Solís, se opusieron a los trabajos de los peritos.

Los inconformes argumentaron que la PGR debería tomar primero los testimonios de las víctimas, de los familiares y testigos de los hechos.

Ahora, ante la falta de acuerdos, los manifestantes exigieron suspender las diligencias, “porque no se ajustan a las condiciones legales y a los requerimientos del pueblo”.

Por favor, estos líderes dicen que se está criminalizando a las víctimas, cuando los que están criminalizando de verdad a las verdaderas víctimas son ellos mismos. No nos engañemos: sus intereses están muy por encima de los de la gente que ha perdido a seres queridos.

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