El caso Faisán

Beatriz Martínez de Murguía

El lunes quedó visto para sentencia, en la Audiencia Nacional de España, el llamado “caso Faisán”, un oscuro asunto cuyo enjuiciamiento no ha contribuido en nada a arrojar algo de luz sobre el entramado de complicidades político-policiales que en su día, mayo de 2006, permitieron que la investigación sobre la mayor red de extorsión de ETA descubierta hasta entonces quedara en agua de borrajas.

A nadie que conozca un poco la cultura vasca y sus hábitos de socialización podrá sorprenderle que fuese precisamente un bar, de nombre Faisán, el lugar elegido por los terroristas de ETA para recaudar los dineros de la extorsión o que una parte del lenguaje “encriptado” de la banda consistiese en hablar de “botellas de vino” para referirse a “millones de pesetas”.

Dicho eso, lo verdaderamente relevante es que después de ocho años de investigación policial y cuando se iba a proceder a la detención de las personas implicadas en una trama que, al decir de los investigadores, llevaba dos década activa, alguien (y eso es lo que se discute ahora, quién fue el autor del soplo) alertase al dueño del bar, ubicado a apenas unos metros de la frontera francesa, sobre la inmediata operación policial.

Los dos principales acusados por revelación de secretos y colaboración con banda armada, dos antiguos mandos policiales muy versados en la lucha antiterrorista, lo niegan todo. Hay indicios, sin embargo, que apuntan a la presencia de uno de ellos el día de los hechos en la zona, así como ha quedado demostrado que el celular de otro de ellos estuvo activo en ese mismo lugar y en el día y la hora en que el dueño del bar, según las investigaciones posteriores, un tal Elosúa, recibió el chivatazo. Lo que nadie cree es que estos policías actuasen por su cuenta y riesgo, ni que ellos pudiesen haber tenido un interés directo en abortar una operación tan decisiva y delicada contra la trama de extorsión de ETA. Lo que todo el mundo piensa e imagina es que la orden venía de arriba, del poder político de turno, el gobierno de Rodríguez Zapatero, interesado en no agitar las aguas cuando había negociaciones en curso y, lo que es seguramente el núcleo de todo el asunto, evitar la detención de un alto dirigente del Partido Nacionalista Vasco, Gorka Aguirre, implicado en la trama, fuese o no “por hacer un favor” a los empresarios extorsionados.

Así lo ha declarado también el comisario Carlos Germán, que fue quien investigó el chivatazo y era quien investigaba la trama de extorsión de ETA en aquel momento. En el juicio apuntó como directamente responsable al entonces director general de la policía, afín al Partido Socialista y segundo del entonces ministro de interior, Rubalcaba, y hoy jefe de la oposición. Un asunto turbio en el que los silencios son elocuentes y que habla, una vez más, de un poder político sospechoso de inconfesables connivencias.