Ética legislativa para una reforma tributaria, antilavado y anticorrupción

Razones Financieras

Por Luis F. Ortiz de la Concha

Los legisladores tienen la oportunidad de transitar a un estado basado en leyes; sostener y probar la idea de la ética legislativa y demostrar que México es congruente en el combate de los problemas financieros, reconociendo a la empresa como uno de los motores de la economía nacional.

En papel, México es líder en el cumplimiento de recomendaciones y compromisos internacionales en materia de lavado de dinero y de anticorrupción de OCDE, OEA, ONU y GAFI; en la práctica parece que la brújula del Congreso de la Unión apunta al norte, pero sólo parcialmente.

Contamos con una Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y suponiendo que se aplique todo el peso de la ley a quienes contraten y funjan como autoridad en el proceso de licitación, para prevenir escándalos como el de la Estela de Luz, aún quedan espacios para la corrupción, como son los municipios, espacios más vulnerables y donde poco se hace. Los alcances de la auditoría del país son cuestionables y la ley anticorrupción no cuenta con jurisdicción en los tres niveles.

Hoy la ética y la integridad legislativa son prioridades del país, una necesidad de los gobernados, garante de desempeño, resultados, estabilidad y que los legisladores aún adeudan a la sociedad.

Es urgente replantear la ética legislativa tributaria con reformas de gran alcance, que no desincentiven la inversión, ni fomenten esquemas de fraude tributario, facturación falsa o pérdida de deducciones o diferimiento en el pago de impuestos.

En materia de antilavado, aunque ya existe la ley correspondiente, no hay una política estructural definida que la acompañe, razón por la cual diversas empresas se han amparado contra ella.

Ante este escenario la Pyme que ejecute actividades vulnerables en términos de la ley antilavado, podría verse afectada en sus planes de desarrollo e inversión, ya que deberá destinar dinero y recursos humanos para cumplir con la creación e implementación de una política antilavado que contemple al menos la presentación de avisos, la identificación de clientes y el aseguramiento de información confidencial o aquella sujeta a protección de datos personales.

De quedar así las cosas, el saldo sería: una reforma tributaria que aumenta el ISR y elimina deducciones y que no incentiva la inversión. Además de una ley antilavado compleja de cumplir y seguramente de administrar para la autoridad, así como la idea de un municipio propenso a la corrupción por falta de controles o auditoría en la contratación pública.

De resultar constitucional de principio a fin la reforma fiscal y la ley antilavado —incluso por fines metafiscales o extrafiscales— el resultado sería la pérdida de un equilibrio entre el poder del gobierno (por imponer constitucionalmente vía ley) y la fuerza mermada de un empresariado que reclamó, fue oído pero no escuchado, y que deberá simplemente acatar.

La combinación de estos escenarios podría frenar al crecimiento y ser caldo de cultivo para la corrupción y el lavado de dinero, ya que una ley tributaria agresiva que no da nada a cambio crea un escenario poco grato para la competitividad y seguridad jurídica que deben fomentar las leyes.

luisortiz@ocalawfirm.com

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