La Ley de Contabilidad Gubernamental

Francisco Calleja

La Ley de Contabilidad Gubernamental, opacada por el proyecto de reforma laboral, recibe menos publicidad en su recorrido legislativo, a pesar de su importancia. Enviada por el presidente el 1 de septiembre en la nueva modalidad de trámite preferente, recibió el visto bueno de los senadores el pasado día 26, con una votación de 104 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

Fue turnada a los diputados que disponen de treinta días para modificarla o aprobarla, aunque se anuncia que esta semana, al estar formadas las comisiones respectivas, se trabajará en ella.

Lo que no se ha dicho es que se trata de una reforma a la ley de 2008, cuya hoja de ruta fue analizada por los despachos PricewaterhouseCoopers y Deloitte en detallados documentos accesibles al público en internet, donde se describían las metas año por año, y cuyos logros finales se obtendrían al final de 2012.

No es objeto de este artículo analizar si cumplió sus metas, pero evidentemente pareció incompleta y ahora tenemos una reforma cuya hoja de ruta en parte alcanza, según puede verse en la ilustración, hasta 2019.

La iniciativa afecta treinta artículos de la ley, relativos a la transparencia y difusión de la información financiera y a las sanciones. Procura transparentar el gasto y homogeneizar la información financiera de la Federación, los Estados y los Municipios. Permite conocer que se hace con los fondos en los diversos gobiernos y entidades, como Pemex, ya que en el pasado, gobernadores y directivos de paraestatales han tenido excesiva libertad en el manejo de sus dineros.

 Ahora se persigue que haya concordancia entre lo programado, lo presupuestado, lo ejercido, el seguimiento y la evaluación de todos los fondos. Por ejemplo, que deba revelarse el monto de lo presupuestado y lo ejercido en cada programa de los diferentes niveles de gobierno. Las páginas de internet servirán para facilitar la disponibilidad de la información de la hacienda federal y de los gobiernos estatales. Promoverá el control de los recursos, la rendición de cuentas por parte de los titulares de cada dependencia y la fiscalización, por lo que dota de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación.

Señala rubros específicos de información que debe ser revelada y se establece un presupuesto basado en resultados y un sistema de evaluación del desempeño, con base en las directrices que establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable. Pretende que la sociedad tenga acceso a esta información y que todo ayude a disminuir la corrupción y los desvíos de fondos.

Lo sorprendente es que esto no haya existido antes y que hayamos vivido tantos años en la penumbra y, por lo tanto, en la incertidumbre de lo que se hacía con los dineros en el gobierno. Como decía Azorín refiriéndose a España: vivimos en un país en que apenas está haciéndose lo que ya debería estar terminado. Pero seamos positivos y reconozcamos que es un acierto del presidente Felipe Calderón.

francisco.calleja52@gmail.com