Las tres “erres” de la deuda de estados y municipios

Emilio Sánchez Santiago

D edicado al Lic. Pedro Carranza, economista y estudioso del país

Desde hace tiempo he venido expresando preocupación por el crecimiento de la deuda de los estados de la República. Esta postura encuentra ahora eco en las palabras del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien ha reconocido la magnitud del problema, y ha manifestado su oposición a cualquier “rescate financiero”.

Muchos estados han incurrido en endeudamiento ya sea por la vía de créditos bancarios o por la emisión de obligaciones bursátiles. Un porcentaje significativo de este endeudamiento está garantizado con las participaciones federales que cada estado recibe. La tabla adjunta muestra hasta qué grado diferentes estados de la república han hipotecado sus participaciones federales.

La postura del gobierno federal en el sentido de no rescatar financieramente a los estados o municipios más hipotecados, eleva la posibilidad de que una parte de la deuda estatal y municipal, se sujete a alguna de las tres “erres”:

a) Refinanciamiento: esta medida es la menos gravosa para los acreedores de los estados, y permite inyectar recursos frescos para liquidar préstamos que están venciendo, y que no pueden ser liquidados a vencimiento por el deudor. Para que esta opción funcione, es indispensable que la solvencia del deudor estatal esté fuera de sospecha, y que el problema al que se enfrente se limite a una falta de liquidez. Teóricamente, el refinanciamiento se puede lograr en forma voluntaria cuando hay nuevos prestamistas en el mercado, dispuestos a aportar recursos frescos para liquidar créditos vencidos o a punto de vencer. En la práctica, el refinanciamiento voluntario es bastante difícil, en tanto que el refinanciamiento involuntario por parte de los acreedores existentes es definitivamente más común.

b) Restructuración de pasivos: esta medida es apropiada cuando el deudor estatal no solamente tiene un problema de iliquidez, sino también un problema de solvencia que generalmente exige esfuerzos mayúsculos y concesiones especiales por parte de los acreedores, en materia de quitas, espera, tasas de interés, y/o garantías. La restructuración es un proceso bastante más complejo, el cual puede darse en un marco voluntario, o en el foro judicial a través del concurso mercantil. La restructuración toma tiempo y exige una difícil concertación de voluntades para llegar a un convenio integral.

c) Reconocimiento de pérdidas: A menudo se presenta el caso de que al restructurar pasivos, los acreedores tienen que reconocer pérdidas en el valor de sus préstamos o bonos. Por la parte de bancos, la normatividad exige a menudo la creación de reservas preventivas al momento de recalificar el riesgo de crédito que presenta el deudor en proceso de restructuración. Por lo que toca a bonos, cada inversionista sigue un camino propio, según se trate de una institución o de una persona física.

Es posible que en el transcurso de este año, algunos estados y municipios se vean obligados a recurrir a alguna de las tres “erres” mencionadas. Es entendible que algunos banqueros afirmen por ahora que no hay problemas con las deudas estatales y municipales, pero la realidad financiera de esas entidades puede inducirlas a actuar como deudores ilíquidos o incluso insolventes en algunos casos.

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