Lo que dice Abarca y lo que dirá Pineda

Julián Andrade

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están investigando los hechos ocurridos en Iguala se entrevistarán con María de los Ángeles Pineda, quien se encuentra en prisión y que para la PGR es la líder de los Guerreros Unidos.

A decir de ellos, la conversación con la esposa de José Luis Abarca les permitirá allegarse elementos sobre lo ocurrido la noche en que policías municipales secuestraron a 43 estudiantes normalistas, los entregaron a un grupo criminal, los asesinaron y luego calcinaron sus cuerpos en un basurero municipal.

Sospecho, sin embargo, que la charla será más simbólica que importante, porque es difícil que proporcione datos que no sean para exculparse.

Hay un ejemplo reciente: José Luis Abarca, el entonces alcalde, conversó en el penal de El Altiplano con los miembros que el PRD designó para indagar lo ocurrido con su postulación.

Pablo Gómez, Octavio Cortés y Pablo Franco interrogaron a Abarca y no obtuvieron información relevante sobre el crimen y su mecánica, aunque sí dio elementos para reflexionar respecto al poco cuidado que tuvieron, por decir lo menos, quienes lo promovieron para la alcaldía.

Sobre aquella noche terrible de septiembre, Abarca sostiene que mientras los uniformados perseguían a los normalistas él “estaba comiendo tacos”.

Ahí recibió la llamada de Jesús Martínez Granelo, secretario de Gobierno de Guerrero; el funcionario estatal quería información sobre reportes de enfrentamiento y balazos.

Abarca también dijo que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien se encuentra prófugo, “no tenía idea de lo que estaba ocurriendo”.

Hay testimonios que indican lo contrario; entre ellos el de Uzziel Peralta, subdirector de Tránsito, quien señala que Flores ordenó que “detuvieran a los estudiantes a como diera lugar”.

Suena raro que un subordinado no rindiera un parte, aunque fuera rudimentario, sobre el despliegue policial que estaba en marcha.

El ex alcalde no piensa incriminarse, aunque para defenderse acepte su negligencia respecto a las responsabilidades que tenía sobre la policía local.

La PGR lo tiene encerrado y en la mira y es probable que pase décadas tras las rejas.

María de los Ángeles Pineda actuará igual, porque a estas alturas es consciente de que se le acusa de uno de los hechos criminales más graves de la historia reciente.

Eso lo saben los expertos de la CIDH, aunque es importante que se entrevisten con quien consideren necesario, para fortalecer su trabajo y para evitar las sospechas que suelen desatarse en casos de alto impacto.

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