Rápido y furioso; el regreso

El tráfico de armas es hormiga y quienes lo practican aprovechan las facilidades de compra en Estados Unidos. Esto es posible porque no se aplica la ley que prohíbe la importación de armas de asalto y porque las restricciones que impulsó William Clinton, en los noventa, fueron olvidadas para no entrar en confrontaciones con la Asociación Nacional del Rifle.

La mayoría de los fusiles AK 47, que se accionan en las calles mexicanas, provienen de Rusia, Rumanía y Bulgaria, y son adquiridos en tiendas a lo largo de la frontera con Texas y Arizona.

La agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT) es la encargada de combatir contrabando y la venta ilegal de armamento. Lo suyo es una verdadera locura, porque casi cualquiera puede adquirir pistolas, rifles y hasta instrumentos más poderosos, algunos inclusive de guerra.

En 2009 la AFT montó un operativo para establecer compradores finales de armas de alto poder en México. Rápido y Furioso le pusieron al plan.

Se utilizaron 2 mil piezas y de ellas mil 400 se perdieron. La mayoría de las armas llegaron a manos del Cártel de Sinaloa, la organización de Joaquín El Chapo Guzmán.

Como suele ocurrir, las fallas en los protocolos y la ausencia de supervisión no fueron relevantes, hasta que asesinaron a Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza en Arizona en diciembre de 2010.

Los investigadores del crimen descubrieron dos cosas: los responsables eran miembros de la banda de Los Bajeros, un grupo dedicado a robar droga a los traficantes y el arma utilizada tenía el número de serie de las registradas y perdidas en los inicios de Rápido y Furioso.

El escándalo ya no pudo contenerse y el director adjunto de la AFT, Kenneth Melson, renunció y el exfiscal general adjunto, Janson Weinstein, fue despedido junto con otros 14 servidores públicos de EU.

Para nuestro país era la constatación de cómo las agencias extranjeras hacían lo que se les pegaba la gana, más allá de todos los esfuerzos de colaboración y que hasta ese momento no tenían precedente.

Los saldos de Rápido y Furioso llegan cuando menos se les espera. En marzo de 2016 se descubrió que uno de los fusiles .50 que se encontraron en un escondite de Guzmán Loera era de los lotes perdidos por los agentes de la AFT y comprados por criminales mexicanos.

El problema no ha terminado. El presidente Donald Trump, por una petición del hermano del agente Terry, decidió entregar todos los documentos en manos del Departamento de Justicia para que sean analizados por el Congreso.

Con el tiempo tendremos más detalles de una de las operaciones más desastrosas y que, en teoría, tenía la intención de combatir al crimen y terminó por fortalecerlo.

Lo terrible son las vidas que costó y que puede costar la negligencia de funcionarios jugando a ser agentes secretos, aunque sea en el desierto de Arizona.