María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, AC, señaló que luego de que se violaran los derechos de 18 mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo del 2024 en Zacatecas, en la cual se registraron hechos de agresiones físicas y detenciones ilícitas, ninguna autoridad ha sido sancionada ni destituida.
“Por estos hechos no hay ningún detenido, porque ha sido muy complicado el diálogo con la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. Nosotras como colectivo solicitamos cinco veces el Protocolo de Estambul, pero la fiscalía nos lo negó”, dijo.
Agregó que la medida correctiva que mandó la Secretaría de Gobierno (Segob) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de Zacatecas ordenaba iniciar los procesos administrativos para sancionar a las y los policías que participaron en la plaza agrediendo, pero esto no se ha hecho.
“También se exigió que hubiera procesos para la reparación del daño a las víctimas, pero tampoco se ha hecho y se pidieron capacitaciones a los policías, pero no nos han permitido conocer los temarios ni los ponentes, porque queremos verdaderos procesos de formación”, dijo.
Resaltó que luego de estos hechos, el pasado 10 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió de manera “unilateral” la recomendación 272/2024 firmada por su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, pero sin escuchar la postura de las víctimas.
“Nosotras la revisamos y observamos que tiene grandes lagunas; una de ellas es que no se señala ni al gobernador David Monreal, ni al secretario general de Gobierno y, aunque sí señala al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y en específico al subsecretario de Seguridad que estaba al mando, no estamos de acuerdo”, indicó.
En ese sentido, dijo que, aunque la autoridad reconoció que se violentaron los derechos de mujeres, la recomendación “quedó a deber mucho” en el tema de señalar quiénes cometieron estos hechos.
Además, refirió que los colectivos específicamente acusan que las mujeres vivieron ese día una “tortura” y la recomendación habla de abuso de autoridad, pero no menciona nada sobre esto, y eso implica directamente en el tema de sanciones.
“La tortura es de los delitos más graves, mientras que el abuso de autoridad permite salidas alternas como suspensión condicional del proceso y otras salidas para que no se llegue al juicio, mientras que el tema de tortura no tiene esas ventajas. Por eso nosotras exigimos que en la recomendación se hable de tortura y se pueda sancionar a los responsables”, dijo.
Recordó que durante la marcha del 8M de 2024, el secretario general de Gobierno de Zacatecas señaló que iba a ser una movilización violenta, por lo que la autoridad puso vallas atornilladas y una pipa de agua a lo largo de la avenida principal de la entidad, por lo que si se hubiera usado la pipa para dispersar la manifestación en medio de las vallas, se hubiera generado miles de personas lesionadas.
“Cabe decir que solamente en nuestra marcha pusieron vallas atornilladas; en otras marchas no hicieron eso. Hace unos días, los maestros marcharon y no hubo ni policías en las calles, entonces cuando se trata de nuestra marcha sí las ponen”, dijo.
Agregó que en la movilización de 2024 intervinieron miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), un grupo de élite para combatir a la delincuencia organizada.
“A varias de las mujeres las desnudaron y a todas las llevaron al Callejón de las Campanas, ubicado entre el Palacio de Gobierno y la catedral. Ahí las amenazaron con decirles que las iban a desaparecer y llevar sus restos en bolsas negras a los cerros y culpar a la delincuencia”, refirió.
La presidenta del colectivo enfatizó que eso ocasionó un “impacto muy fuerte” en las mujeres que fueron agredidas, porque encontrar bolsas con restos humanos “pasa muy seguido en Zacatecas”.
En ese sentido, para esta marcha a celebrarse el próximo sábado, los colectivos de mujeres exigieron a las autoridades mantener lejos a las y los policías.
De igual forma, los colectivos piden la no intervención de otras autoridades, luego de que el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, llamó a la paz y la responsabilidad en el marco de la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Por su parte, Elizabeth Alvarado García, del colectivo Bloque Rojo, dijo que los grupos “temen nuevamente a la represión por parte del estado, ya que las medidas emitidas en la recomendación han sido ignoradas a pesar de haber sido aceptadas y no confían en el Gobierno de David Monreal ni en su secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, principales responsables de la represión de 2024”.
Mediante un comunicado, el Movimiento Feminista de Zacatecas señaló que, hasta ahora, no ha habido absolutamente ninguna sanción a casi tres meses de emitida la recomendación y el Gobierno del estado ni siquiera ha cumplido con la disculpa pública, a pesar de haber aceptado formalmente la recomendación el 16 de diciembre del año pasado.
Además, las “coloca en una situación de riesgo inminente, ya que no existe transparencia ni comunicación hacia la ciudadanía sobre las acciones institucionales para garantizar el respeto a nuestros derechos a la protesta y a manifestarnos”.