Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, fue detenida este miércoles en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.
A la exmagistrada se le responsabiliza por la destrucción de videos con imágenes captadas la noche del 26 de septiembre de 2014 en la salida sur del municipio de Iguala, cuando fueron atacados y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
- El Dato: el martes se informó que Gildardo López Astudillo, El Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, tramitó un nuevo amparo contra una orden de aprehensión.
Los familiares de los normalistas señalaron a Galeana Marín de esconder las evidencias de lo ocurrido esa noche. Dichos videos, de acuerdo con el extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aportarían información relevante de los autobuses en los que habrían llevado a los normalistas el día de su desaparición.
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Durante las primeras indagatorias del caso Ayotzinapa, la magistrada presuntamente declaró que las imágenes que habían sido tomadas por las cámaras de vigilancia “no tenían mucha utilidad”, pues “sólo habían captado manchas”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la Policía Federal Ministerial trasladó a la exfuncionaria a la sede de la corporación para su certificación médica y posterior ingreso a algún penal.
En el registro se le describe como una “mujer de la tercera edad, tez morena, complexión delgada, cabello entrecano con tinte castaño”. Asimismo, al momento de su captura vestía pantalón de color negro y blusa de manga larga floreada.
Más tarde, a través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad federal dio a conocer que la detención se realizó en un domicilio ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde se resguardaba “una exfuncionaría pública estatal que contaba con una orden de aprehensión”.
La orden de captura contra Lambertina Galeana Marín, de 79 años, fue por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia cometido por servidor público, por los hechos ocurridos en Ayotzinapa en el 2014.
Información de fuentes federales detalla que, además de estar relacionada con la desaparición de las grabaciones, tenía a su cargo en el año 2014 a Javier Uribe Iturbe, empleado en el área de informática del TSJ del Estado de Guerrero, y a Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento y soporte de cómputo del TSJ, adscrito al Distrito Judicial de Hidalgo en Iguala, quienes también fueron señalados en las investigaciones relacionadas con la manipulación o desaparición de evidencia clave en el caso.
El cumplimiento de la orden de captura fue efectuado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).
Para la detención, “se realizó un despliegue operativo y se intervino el inmueble, donde fue detenida Lambertina N”.
Tras la detención, se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.
Por separado, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos dio a conocer que Jonathan Maldonado Hernández, licenciado en Educación Primaria y sobreviviente de la denominada “noche de Iguala”, murió el pasado 6 de marzo, sin aclarar las causas de su deceso.
Ocultó pruebas clave, ratifica Buitrago
| Redacción
Videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron destruidos u ocultados, ratificó Ángela Buitrago, integrante del extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En entrevista en Al Mediodía con So-lórzano, la abogada colombiana reveló que desde el 2014 el GIEI tuvo conocimiento de la existencia de estas grabaciones, las cuales mostraban patrullas y movimientos frente al Palacio de Justicia, en las inmediaciones donde fueron desaparecidos al menos 15 estudiantes.
“Las cámaras grabaron claramente la presencia de patrullas en el lado contrario del camión donde estaban los muchachos. Era una prueba clave para determinar también qué actores estuvieron el 26 de septiembre en ese lugar, frente al Palacio de Justicia”, afirmó.
Los videos, detalló, fueron entregados originalmente en una USB al Tribunal Administrativo, pero nunca llegaron a manos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
“Quien tenía en su poder esa USB era la titular de la parte administrativa del Tribunal, y que directamente debía haber procedido como lo ordena la Constitución y la ley mexicana. Y es que cualquier funcionario, en conocimiento de un hecho delictivo como era éste, debía haber puesto a disposición de la Procuraduría de manera inmediata esa información, lo que nunca sucedió.
“Normalmente llegamos nosotros a decir, dentro de las investigaciones que se hicieron, que eran alrededor de 15 muchachos los que estaban en ese camión que estaba debajo del puente que conduce de Iguala a Chilpancingo”, explicó.
El material pudo haber sido determinante para establecer responsabilidades desde las primeras horas de investigación, dijo la experta: “La pérdida de esa evidencia es lamentable. Se perdió información vital sobre los autores, partícipes y el destino de los estudiantes.
“Eso lo puedes leer en el informe detalladamente donde dice qué autoridades, qué patrullas, en qué lado de la vía estaban las patrullas, los carros, las camionetas. Y esto se va complementando con otros medios probatorios que permiten decir lo que acabo de afirmar ahorita, que no solamente había presencia de autoridades de Iguala, sino también de Huitzuco y también de otras partes”, señaló.
Buitrago subrayó que el GIEI no se basó en hipótesis, sino en hechos documentados: “Hay testimonios, declaraciones de ingenieros que operaban el sistema, peritajes y registros oficiales que confirman que los videos existieron y fueron manipulados”.
Los informes del GIEI también revelan la presencia de otras corporaciones, como la policía de Cocula y Huitzuco, en la escena. “Esto fortalece la hipótesis de una acción coordinada entre distintas autoridades”, concluyó Buitrago.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han dado una explicación clara sobre el destino de esas grabaciones ni han deslindado responsabilidades por su omisión.
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FGR