La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México mantiene abierta una investigación contra la actual presidenta municipal de Tultitlán, Ana María Castro Fernández, y su antecesora en el cargo, Elena García Martínez —actual diputada local—, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, adjudicaciones directas de contratos y posibles actos de nepotismo.
El expediente, registrado bajo la clave TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, se inició tras denuncias presentadas por vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3. Los denunciantes acusan que durante la administración de García Martínez se destinaron 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la adquisición de 27 hectáreas de terrenos ejidales en San Francisco Chilpan, operación que se habría concretado sin escrituras públicas.
Además del presunto desvío, los colonos denunciaron ante el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría estatal en Naucalpan el pago adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho), sin que hasta ahora se haya regularizado la situación jurídica de los predios.
La administración de Ana María Castro, quien asumió el cargo en enero de 2025, también enfrenta señalamientos por contratos adjudicados sin licitación o con procesos simulados. Reportes periodísticos indican que más de 72.7 millones de pesos fueron entregados mediante asignaciones directas o concursos con un solo participante.
Organizaciones vecinales expresaron inquietud por una posible pérdida de sus viviendas a través de mecanismos administrativos, entre ellos una propuesta para cambiar el nombre de la colonia a “Cuarta Transformación”, lo que, afirman, podría alterar su situación legal y dificultar la defensa de sus derechos de posesión.
El vínculo familiar entre ambas funcionarias ha sido motivo de cuestionamientos. García Martínez impulsó la candidatura de su cuñada a la presidencia municipal, y actualmente al menos tres familiares directos de la alcaldesa ocupan cargos en el Ayuntamiento.
La gestión de Castro también ha recibido críticas de parte del sector empresarial, que atribuye a la corrupción y la tramitología el estancamiento de inversiones y la pérdida de competitividad en la región. Según datos oficiales, el 42 por ciento de la población de Tultitlán vive en condiciones de pobreza.
La inseguridad figura como otro punto crítico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 87.3 por ciento de los habitantes del Estado de México percibe su entorno como inseguro. Tultitlán se encuentra entre los municipios con mayor percepción negativa.
Fuentes consultadas informaron que peritos y auditores financieros han sido convocados para revisar el destino de los recursos ejercidos entre 2023 y 2025. La Fiscalía aún no ha emitido conclusiones sobre los procesos en curso.
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FGR