El gobierno de Alfonso Durazo en Sonora incurrió en mal manejo de recursos transferidos por la Federación por 35 millones 342 mil pesos en el 2024, de los cuales casi 32 millones corresponden a pagos indebidos e ilegales, durante 24 quincenas, a 664 trabajadores de la educación, por concepto de sueldos y prestaciones como la “medida del bienestar”, recurso adicional autorizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que en el fondo de Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Instituciones de Educación Media Superior, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTE) tiene pendiente por aclarar el destino de 31 millones 748 mil 046.91 pesos.
- El Dato: EL GASTO federalizado transferido al CECyTE de Sonora en el 2024 ascendió a 860 millones 811 mil 600 pesos fue fiscalizado el 83.3 por ciento de ese monto.
En la segunda entrega del informe de resultados de la fiscalización superior correspondiente a la Cuenta Pública 2024, el ente fiscalizador detectó que el CECyTE realizó 9 mil 252 pagos superiores a los trabajadores —profesores y administrativos— en los conceptos de sueldo nominal, horas docente base, horas docente interinas, despensa, aguinaldo y medida del bienestar, los cuales no se ajustaron a los tabuladores autorizados, violando con ello las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Servicio Civil para el Estado de Sonora.
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También hubo pagos irregulares en prima de antigüedad, prima vacacional, ajuste calendario, estímulo por puntualidad y asistencia, económicos no disfrutados y descanso obligatorio.
La “medida del bienestar” es un incremento salarial adicional para los maestros y personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE) en México, que incluye a Sonora y que forma parte de la política de revalorización docente del Gobierno federal.
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La ASF determinó que el CECyTE, en el ejercicio de los recursos, infringió la normativa, principalmente en lo que respecta a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, y el Anexo de Ejecución que celebró la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Sonora y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.
Por los hallazgos descritos, la ASF presume un probable daño o perjuicio, o inclusive ambos, a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 31 millones 748 mil 046.91 pesos, “más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro”.
En otra auditoría correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el gobierno de Sonora tiene pendiente por aclarar el destino de un millón 173 mil 919.77 pesos, ya que no presentó evidencia que acredite la operación de la obra “Ampliación de la red eléctrica en la localidad Desemboque de Los Seris (El Desemboque), municipio de Pitiquito”, por lo que no proporcionó los beneficios programados a la población objetivo del fondo.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que el gobierno de Sonora incumplió su responsabilidad con las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del fondo, ya que la información sobre el ejercicio de los recursos reportada a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar, y la presentada por el ente fiscalizador, no fue congruente.
De igual forma, la Auditoría Superior detectó que las obras “Construcción de baños con biodigestor, en varias localidades del municipio de Empalme”, y “Construcción de cuarto dormitorio 2, en la localidad Hermosillo, municipio de Hermosillo”, no se encontraban en operación en el momento de la revisión.
Sin embargo, el gobierno de Sonora proporcionó evidencia fotográfica, oficios, órdenes de pago y actas de entrega, por lo que demostró que dichas obras se encuentran en operación y, por ende, proporcionó los beneficios programados a la población objetivo del fondo.
En cuanto a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, se comprobó que la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del ejercicio fiscal 2024 se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar; sin embargo, no existió congruencia entre la información correspondiente a los proyectos seleccionados para su revisión que se reportó a las instancias mencionadas y la que se difundió entre su población.
En otra auditoría correspondiente al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, el gobierno del estado de Sonora incurrió en observaciones de cuantificación monetaria por 2 millones 420 mil 401.99 pesos.
La ASF detectó volúmenes de obra no ejecutados ni devengados. Asimismo, se determinaron faltas administrativas en las que se tiene pendiente, en una obra, el contrato ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la conexión de paneles solares.
Además, se determinaron faltas administrativas de seis expedientes técnicos de obra que carecían de documentación en sus cierres administrativos (finiquitos, actas de entrega-recepción, reportes fotográficos, bitácoras de obra y planos finales), así como en tres proyectos ejecutados por la Comisión Estatal del Agua que no operan a causa de rescisión y terminación anticipada.
Finalmente, indicó la Auditoría Superior, en cuanto al cumplimiento normativo aplicable a los recursos del Proagua, el gobierno del estado de Sonora incurrió en inobservancias, principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de las reglas de operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
