En hechos consecutivos, los domicilios de la síndica y de una regidora municipal de Xoxocotla, Morelos, identificadas como Alicia Fernanda Capistrán Martínez y Xitlali Mejía Huerta, fueron atacadas a balazos en pleno centro del municipio indígena, sobre la calle Benito Juárez, tres días después de que denunciaran al presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano por violencia política de género y presuntas amenazas.
Informes locales establecen que dos hombres a bordo de una motocicleta realizaron varias detonaciones contra los domicilios y huyeron del lugar. Tras los hechos de violencia no se reportan personas lesionadas.
- El Dato: LA POBLACIÓN de más de 3 años que habla al menos una lengua indígena es de 2 mil 200 personas, lo que corresponde a 7.87% del total de la población de Xoxocotla.
En un comunicado, el Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos emitió un pronunciamiento público en el que condenó la escalada de violencia que enfrentan integrantes del cabildo del municipio indígena de Xoxocotla.
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De acuerdo con el observatorio, otros cinco integrantes del cabildo denunciaron amenazas, hostigamiento, intimidación, retención de salarios y presiones para aprobar actos administrativos que consideraron irregulares.
Las víctimas señalaron directamente al presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano, así como al secretario municipal y al tesorero, por presuntas presiones y represalias ejercidas después de que se negaran a avalar decisiones contrarias a los procedimientos institucionales de la comunidad.
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La organización destacó que, pese a que las víctimas presentaron denuncias ante las autoridades competentes y se emitieron medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, éstas no fueron cumplidas, pues los elementos asignados únicamente acudían a registrar una firma, sin brindar vigilancia ni acompañamiento real.
Además, advirtió que estos hechos representan “una grave vulneración al ejercicio del cargo público, a la integridad de las funcionarias y al principio constitucional de paridad”, y la omisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos ha contribuido “a mantener un contexto de impunidad que resulta inadmisible”.
El observatorio exigió la implementación inmediata de medidas de “protección reales, oportunas y permanentes para Alicia Capistrán Martínez, Xitlali Mejía Huerta y el resto de integrantes del cabildo que han denunciado violencia”.
También demandó que se investigue y sancione al alcalde José Carlos Jiménez Ponciano; al secretario municipal y al tesorero, por “los actos de violencia política, amenazas y omisiones que derivaron en una agresión armada contra funcionarias en el ejercicio de su cargo”.
El presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con las integrantes del cabildo.
Agregó que, ante los recientes hechos de violencia, no se pone en riesgo la gobernabilidad del municipio. Señaló que no ha recibido amenazas de muerte ni de ninguna índole, pero dijo esperar que la fiscalía resuelva el problema.
“La verdad ni me han molestado, no he recibido ni he tenido amenazas de ningún tipo de índole; la verdad es que hemos estado saliendo del municipio, revisando obras; la verdad es que estamos trabajando bien”, expresó.
El subsecretario de Gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez, declaró que no había denuncias por amenazas hacia la síndica y la regidora; sin embargo, reconoció que sí “tenían algunas diferencias con el presidente municipal”.
“Había unas diferencias con el presidente municipal, pero son diferencias que no pasaban más allá de algunas diferencias que se tenían que atender allá, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, que le da autonomía al ayuntamiento, por lo que no podemos meternos, no tenemos que intervenir”, dijo.
En entrevista con medios, el funcionario refirió que ya le solicitó a la regidora y a la síndica que fueran a presentar denuncia ante la Fiscalía de Morelos y adelantó que se tendrán pláticas con el cabildo para atender sus demandas.
“Tendremos una junta con el cabildo completo para verificar qué está sucediendo. Entiendo que de pronto suceden cosas que nosotros tenemos la obligación de atender y el área correspondiente tendrá que realizar la investigación”, dijo.
Sobre una posible investigación contra el alcalde, Peláez explicó que eso lo determinará la Fiscalía de Morelos.
Acerca del tema, la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses exigió a las autoridades de todos los niveles de gobierno brindar las garantías de seguridad y protección para las funcionarias. “Elevamos nuestra voz para exigir el término de la violencia institucional, política y de género contra las compañeras”, expuso en un comunicado.