La Contraloría del Estado de Hidalgo informó que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 corresponden únicamente a señalamientos de carácter administrativo y solicitudes de aclaración, sin que exista una determinación firme de daño patrimonial ni acciones judiciales o de responsabilidad administrativa en curso.
La dependencia estatal precisó que, como ocurre en todos los procesos de fiscalización, la ASF otorga un plazo de 90 días para que las entidades auditadas presenten información adicional, documenten procedimientos y aclaren aspectos técnicos detectados durante la revisión. En ese periodo, aseguró, se atenderán puntualmente cada uno de los requerimientos.
La autoridad subrayó que la fiscalización forma parte del procedimiento normal de revisión del ejercicio de recursos públicos. “No hay daño patrimonial determinado; son aclaraciones administrativas”, indicó, y añadió que toda la información será documentada con transparencia.
En relación con la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tienen parentesco con un legislador, la observación consiste en ampliar la información sobre el proceso de adjudicación.
La posible relación familiar señalada no configura por sí misma un conflicto de interés en términos legales; sin embargo, la Contraloría estatal, encabezada por Álvaro Bardales, revisará y documentará el procedimiento para disipar dudas.
Sobre los seguros catastróficos destinados al campo y al ganado, el Gobierno del Estado señaló que cuenta con la documentación que acredita la contratación y los mecanismos de cobertura en beneficio de productores afectados, misma que será presentada nuevamente para su valoración dentro del proceso de aclaración.
Respecto a la solicitud de aclaración relativa al esquema de nómina, explicó que se trata de un mecanismo de estímulo fiscal aplicable al sector público en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), instrumentado mediante comprobantes fiscales y recuperaciones mensuales conforme a la normatividad vigente, por lo que se aportarán los elementos técnicos que acreditan su legalidad.
Asimismo, los pagos observados por aproximadamente tres millones de pesos en el ámbito universitario corresponden a indemnizaciones y prestaciones derivadas de procesos de jubilación y terminación laboral, lo cual será acreditado ante la autoridad fiscalizadora.
En el caso del municipio de Lolotla, la observación deriva de la revisión del destino de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), por lo que se dará seguimiento conforme a las atribuciones correspondientes para aclarar los hechos y, en su caso, realizar las acciones procedentes.
El Gobierno estatal reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración plena con las instancias fiscalizadoras, y sostuvo que las observaciones forman parte del proceso normal de revisión y serán atendidas con responsabilidad y certeza técnica.
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MSL