La justicia de Baja California formalizó el proceso penal contra Jaime Bonilla Valdez por su presunta participación en contratos con la empresa energética Next Energy, un proyecto que comprometió recursos públicos por décadas. La investigación apunta a decisiones tomadas durante su gobierno (2019-2021) en torno a una planta fotovoltaica que nunca se concretó.
Autoridades estatales sostienen que el convenio obligaba al gobierno a pagar hasta 37 mil millones de pesos durante un periodo de 30 años, lo que implicaba comprometer participaciones federales de la entidad. En términos anuales, el esquema financiero consideraba erogaciones cercanas a mil 700 millones de pesos por año, de acuerdo con los datos expuestos en el proceso a Jaime Bonilla Valdez.
El expediente también documenta afectaciones inmediatas. Una institución bancaria retuvo 123 millones de pesos como primer pago del proyecto, pese a que la obra nunca se ejecutó. Además, el contrato establecía pagos mensuales superiores a 123 millones 971 mil pesos, incluso sin generación de energía, lo que habría generado presión sobre las finanzas estatales.
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Fiscalía y peritajes señalan que el acuerdo con Next Energy carecía de permisos federales y de viabilidad financiera. En audiencia, el Ministerio Público expuso que el esquema “comprometía recursos estatales de manera ilícita”, al estructurar obligaciones de largo plazo sin sustento técnico suficiente.
Otro elemento clave del caso radica en la magnitud del compromiso original. Versiones previas del análisis financiero indicaron que el contrato podía generar obligaciones cercanas a 12 mil millones de pesos en indemnizaciones y bonos, aun cuando el proyecto no avanzara. Esta combinación de pagos garantizados y falta de obra materializó el argumento central de la acusación: un esquema considerado lesivo para el erario.
Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que existen elementos para presumir delitos como abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones. La defensa del exmandatario rechazó esa interpretación y sostuvo que el proyecto buscaba atender el déficit energético en el estado. Aun así, el juez determinó avanzar con la causa penal.
Este caso se convirtió en uno de los expedientes más relevantes sobre contratación pública en Baja California. La investigación no solo involucra al exgobernador, también alcanza a exfuncionarios y representantes de la empresa, lo que amplía el alcance del proceso.
Tras la vinculación a proceso, la causa entra en etapa de investigación complementaria. La solidez de las pruebas financieras y administrativas definirán si el contrato con Next Energy constituyó una decisión irregular o una política pública fallida con alto costo económico.
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FGR
