UN JUEZ FEDERAL ordenó la liberación del activista guerrerense Ubaldo Segura Pantoja tras concluir que no existían pruebas suficientes para sostener el delito de secuestro que le imputaron autoridades federales.
La resolución se emitió la noche del 24 de marzo por el Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, que dictó auto de libertad al determinar que no se acreditaron elementos para proceder penalmente. El fallo cerró una semana de reclusión en un penal federal de Veracruz, donde el defensor permaneció tras su detención.
A las 15:30 horas de este miércoles, Segura Pantoja abandonó el reclusorio Cerro de León, ubicado en el municipio de Villa de Aldama, Veracruz.
“Compañeros y compañeras que estuvieron pendiente de la situación un tanto crítica que hoy termina. Quiero agradecer todo el apoyo que me han dado. Es cierta aquella frase que dice que sólo el pueblo defiende al pueblo”, dijo en un video al salir del penal.
El proceso se originó cuando un grupo de periodistas denunció haber sido privado de la libertad durante una protesta en Tlapa, Guerrero, vinculada a la exigencia de presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, la defensa sostuvo que Segura no participó en esa movilización y que se encontraba en la Ciudad de México el día de los hechos.
Organizaciones de derechos humanos señalaron irregularidades desde el momento de la captura. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agentes federales engañaron al activista para sacarlo de su domicilio, lo mantuvieron incomunicado por más de 12 horas y lo trasladaron fuera de su estado sin justificación legal.
El mismo organismo cuestionó la tipificación del delito, al subrayar que para configurar secuestro debe existir intención de obtener un rescate, condición que no se presentó en el caso. Además, calificó la detención como un acto de intimidación contra quienes participan en movimientos sociales.
Durante los primeros días, familiares denunciaron que desconocían su paradero, mientras su defensa documentó que fue llevado a un penal de máxima seguridad en Veracruz.
Colectivos y organizaciones sociales respondieron con movilizaciones en Chilpancingo para exigir su liberación, lo que presionó a las autoridades a revisar el expediente. Tras conocerse el fallo judicial, activistas insistieron en la necesidad de garantizar protección a defensores comunitarios e indígenas.
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MSL