Las agresiones digitales, como llamadas o mensajes de texto amenazando de muerte a periodistas de Veracruz, tuvieron un incremento de 90 por ciento en el primer año de gobierno de la morenista Rocío Nahle.
De acuerdo con datos de los informes anuales de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP), organismo autónomo de la administración de Nahle, en 2024 se reportaron 20 casos de violencia digital, mientras que para 2025 la cifra aumentó a 38 casos.
La CEAPP menciona que las agresiones digitales se subdividen en dos. La primera es la telefónica, en la que los periodistas recibieron llamadas con amenazas para intimidar, extorsionar o amenazar de muerte.
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- El Dato: ONG como Artículo 19 han advertido que el nivel de violencia, amenazas y hostigamiento ha convertido a Veracruz en una zona donde la censura y el miedo prevalecen.
Mientras que la otra es a través de mensajería que son “ataques o amenazas vía texto o publicaciones en redes sociales; algunos de ellos fueron para denostar públicamente a los periodistas, e incluso en algunos casos los agresores enviaron fotos con imágenes brutales de violencia para intimidarlos”.
A nivel general, que incluye agresiones verbales, físicas y patrimoniales, el asedio también tuvo un incremento de seis por ciento, ya que durante 2024 se reportaron 74 agresiones, mientras que al año siguiente la cifra aumentó a 79.
Durante 2025 se contabilizaron 13 agresiones verbales, las cuales en algunos casos fueron expresadas por funcionarios municipales. También algunos civiles agredieron a periodistas, mientras cubrían algún evento noticioso.
- 391 solicitudes de atención de periodistas en 2025
En cuanto a las agresiones físicas, tuvieron un reporte de 24 acciones, que van desde empujar al reportero cuando cubría un evento, hasta quitarles su equipo. Cabe mencionar que la CEAPP destaca que algunas de las agresiones físicas fueron realizadas por policías municipales, elementos del Ejército, alcaldes y personas civiles.
En el caso de las agresiones patrimoniales, cometidas contra oficinas, vehículos y maltrato a las herramientas de trabajo durante una cobertura periodística, se reportaron cuatro casos durante 2025.
Los municipios con mayor incidencia de violencia en general son: Álamo, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, mientras que de violencia digital en el último semestre fueron Tuxpan, Poza Rica y San Rafael.
La Unidad de Primer Contacto y Atención Médica es el área responsable de establecer la primera comunicación con los periodistas que solicitan la intervención de la CEAPP. Posteriormente, esta unidad se encarga de dar trámite a las solicitudes e implementar el proceso el procedimiento de primer contacto.
Durante el 2025 se registraron 391 reportes de primer contacto originados por periodistas radicados en 52 municipios.
La CEAPP reconoce en su informe que en 2025, si bien la violencia contra periodistas no es la misma del pasado, ésta todavía persiste, particularmente en regiones específicas de la entidad.
Añade que, aunque persiste el “control criminal que prevaleció en años anteriores y la asociación entre agentes estatales del más alto nivel y grupos generadores de violencia se fracturó”, todavía hay regiones en el estado donde grupos delincuenciales “ejercen presión para silenciar o decidir qué deben o no publicar los medios y periodistas independientes”.
Estos casos están principalmente en la llanura costera del norte, donde la principal ciudad es Poza Rica; las altas montañas, donde se encuentran la ciudad de Córdoba y Orizaba, y en el sur olmeca, donde se encuentra Coatzacoalcos y Minatitlán.
La CEAPP también señala que “no deja de sorprender” que las agresiones o las intimidaciones contra la prensa provienen principalmente de funcionarios o corporaciones municipales, o de políticos locales que se ven expuestos por el trabajo de los reporteros.
También reconoce que se ha puesto en evidencia “la subsistencia de la vulnerabilidad laboral contra los periodistas”.
En una muestra reciente de ataques contra la prensa en Veracruz, la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera violentamente en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas del pasado martes, cuando personas embozadas y que llevaban armas de alto calibre llegaron hasta la vivienda de la comunicadora y forzaron el acceso para ingresar por la fuerza, según se aprecia en un video colocado en redes sociales, grabado por la propia comunicadora.
Testigos señalaron que los individuos sometieron a la periodista y posteriormente la sacaron del inmueble, llevándosela con rumbo desconocido.
Tras la privación ilegal de la libertad, familiares, amigos y representantes del gremio periodístico iniciaron una intensa búsqueda y difundieron llamados de auxilio para lograr su pronta localización.
En otros casos recientes en Veracruz, Miguel Ángel Anaya Castillo, director del medio digital Pánuco Online, fue reportado desaparecido el 13 de abril de 2025 en el municipio de Pánuco, al norte del estado, y hasta la fecha no ha aparecido.
Además, el 8 de enero de 2026, el periodista Carlos Castro Ramírez, director del medio digital Código Norte, fue asesinado mientras se encontraba en el interior de un restaurante.
Otro de los casos que más conmocionó a gremio fue el asesinato de la periodista Avisack Douglas, el 21 de mayo de 2025 en pleno proceso electoral. La periodista falleció luego de ser gravemente herida durante un ataque armado registrado en la casa de campaña de la entonces candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara, Xóchitl Tress.
Alerta en Veracruz por desapariciones de periodistas; van 4 casos en 14 años
| Por Elizabeth Hernández |
México llega al Día Nacional de la Libertad de Expresión con un creciente número de periodistas desaparecidos, un secuestro reciente en Veracruz y un diagnóstico internacional que ubica esos ataques dentro de la crisis nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que este delito golpea de forma directa al trabajo informativo, pues castiga investigaciones, borra coberturas locales y reduce el derecho ciudadano a saber qué ocurre en territorios dominados por violencia, corrupción o crimen organizado.
El caso de Roxana Berenice Guzmán Rodríguez actualizó esa alerta. Hombres armados entraron el martes a su casa en Nanchital, Veracruz, y se la llevaron por la fuerza, de acuerdo con reportes de la fiscalía estatal retomados por organismos de defensa de la prensa.
- El Dato: Comunicadores de Los Mochis, Sinaloa, aseguraron que el periodismo requiere una “brújula ética inquebrantable” y un compromiso permanente con la verdad.
La comunicadora fundó y editaba Pulso Informativo del Sureste, una página local de noticias en Facebook. Su secuestro ocurrió frente a familiares y con un video viral que ella misma grabó y que mostró la irrupción del grupo de secuestradores en su hogar a plena luz del día.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato el móvil, ubicarla con vida y llevar a los agresores ante la justicia.
La organización subrayó que Guzmán Rodríguez no reportó amenazas recientes ante el órgano estatal veracruzano encargado de apoyar a comunicadores, dato que exhibe una de las zonas más débiles de la protección institucional.
Artículo 19 también pidió considerar su labor periodística como una posible línea de investigación. La exigencia retoma un estándar básico para crímenes contra comunicadores. Antes de descartar la relación con publicaciones, coberturas o denuncias, las fiscalías deben agotar esa hipótesis.
En los hechos, esa falla ha sido una constante en expedientes donde la vida personal de la víctima se usa para desplazar el contexto profesional.
Veracruz aparece en el informe de la CIDH como uno de los estados con antecedentes graves. El organismo cita datos del Registro Nacional 15de Personas Desaparecidas y No Localizadas que, hasta abril de 2025, contaba 15 periodistas desaparecidos o no localizados y 17 más que ya habían aparecido, con o sin vida. Veracruz sumaba tres.
La cifra de Artículo 19 amplía el panorama. De 2003 a la fecha, esa organización registró 32 periodistas desaparecidos en México en posible relación con su trabajo. Veracruz concentra uno de los focos de mayor riesgo, con cuatro casos de desaparición registrados desde 2012 hasta abril del 2025.
- 47 periodistas fueron asesinados en el gobierno de AMLO
El organismo advirtió que en varios municipios de esta entidad existen contextos de violencia y presencia del crimen organizado, que se relaciona directamente con la labor periodística.
La diferencia en el número de casos que muestran diferentes organismos nacionales e internacionales no reduce la gravedad del problema, sino que muestra una dificultad estructural para contar, clasificar y esclarecer agresiones.
José Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, aparece como un caso emblemático en el informe interamericano. El comunicador desapareció en abril de 2005 en Hermosillo, Sonora, y el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por desaparición forzada dentro de un proceso de solución amistosa. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión mantiene abiertas las líneas vinculadas con su labor, sin ningún alcance real, a más de dos décadas de ese delito, según la información oficial enviada a la CIDH.
Frente a ese antecedente, la comisión advierte que la desaparición de periodistas no sólo daña a la víctima directa. También envía un mensaje al gremio. Cuando un reportero desaparece por cubrir seguridad, corrupción, política local o crimen organizado, otros colegas calculan cada nota, reducen coberturas o abandonan fuentes. Así nacen las zonas de silencio informativo, donde la ausencia de noticias no significa paz, sino miedo.
- El Tip: Artículo 19 reveló que, en América Latina, 23 periodistas fueron asesinados en 2025. Esto equivale a la muerte de un comunicador cada 16 días en la región.
El estudio de Grisel Salazar Rebolledo sobre zonas de silencio en México plantea que la violencia criminal por sí sola no explica toda la autocensura. El escenario más nocivo surge cuando grupos delictivos conviven con patrones autoritarios en el poder local. Esa combinación restringe a la prensa, debilita a redacciones estatales y deja a comunidades sin información básica sobre seguridad pública, abusos oficiales o redes criminales.
Otra investigación, elaborada por Celia del Palacio Montiel, examinó Veracruz entre 2010 y 2014, y describió estrategias de control sobre información relacionada con hechos violentos.
El trabajo documentó agresiones, exilio forzado de periodistas y una presión constante sobre medios impresos y digitales. Ayuda a entender por qué el secuestro de Guzmán no ocurre en el vacío. El cuadro se agravó con otras formas de censura que avanzaron desde 2025.
Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante ese periodo, entre ellas siete asesinatos y una desaparición. También registró un incremento del acoso judicial, con demandas, denuncias y procedimientos que obligan a reporteros y medios a invertir tiempo, dinero y energía en defenderse, aun cuando el objetivo real puede ser inhibir publicaciones incómodas.
Para diversos colectivos, estas cifras enlutan el Día Nacional de la Libertad de Expresión y pierde cualquier tono ceremonial. La fecha, instaurada en 1951 para subrayar la importancia de una prensa libre e independiente, llega ahora marcada por reporteros que no regresan a casa, redacciones que miden riesgos antes de cubrir una nota y familias que buscan justicia durante años.
La CIDH señala que México enfrenta una crisis de desapariciones y una emergencia de identificación humana. Cada expediente sin resolver reduce el espacio de vigilancia social, fortalece pactos de silencio y permite que zonas enteras queden bajo narrativas impuestas por autoridades omisas o grupos criminales.
Hoy, la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán en Veracuz concentra la urgencia inmediata. También expone una deuda acumulada con decenas de comunicadores desaparecidos.
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