Luego de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, acusó al gobierno de Veracruz de “persecución política”, tras el desafuero de los alcaldes emecistas de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, la gobernadora Rocío Nahle reviró a las declaraciones del excandidato presidencial y arremetió contra él, al calificarlo como un “simulador profesional” que miente.
“Ya lo he dicho: que Máynez es un simulador profesional. Lo conozco como legislador, porque estuvimos en la misma legislatura; es un simulador, mentiroso”, expresó, y consideró que el dirigente partidista debería ser responsable y comprometerse a que los acusados enfrenten su juicio.
- El Dato: LA MANDATARIA dijo desconocer si hay órdenes de aprehensión contra los dos alcaldes; ese procedimiento corresponde a las autoridades ministeriales, manifestó.
El miércoles pasado, el Congreso de Veracruz determinó que existen elementos suficientes para proceder con el retiro de la inmunidad procesal del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien es investigado por la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido el pasado 2 de junio.
Una de las líneas de investigación de la fiscalía estatal considera que el munícipe, emanado de MC, sería el autor intelectual del crimen de la periodista. Presuntamente, la carpeta de investigación incluye videos, testimonios y registros de llamadas telefónicas que lo vinculan con el caso.
- 8 personas están detenidas por el crimen de Roxana Guzmán
En la misma sesión legislativa también fue desaforado el alcalde del municipio de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero —también de MC— por supuestamente estar involucrado en la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López, el 14 de mayo pasado.
Después de la determinación de los legisladores, el dirigente emecista Jorge Álvarez Máynez denunció que el gobierno de Nahle García incurre en persecución.
En respuesta, la mandataria estatal morenista rechazó que el desafuero de los presidentes municipales del partido naranja tenga tintes políticos.
Rechazó que el Ejecutivo tenga algo que ver con las investigaciones judiciales y afirmó que, si los ediles hubieran sido de Morena, ella sería la primera en pedir que enfrentaran la justicia para aportar sus pruebas.
Añadió que las investigaciones corresponden exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial local.
Expuso que las carpetas de investigación se integraron por delitos considerados graves y fue la autoridad ministerial la que solicitó al Congreso retirar el fuero constitucional a ambos funcionarios.
“En ningún momento es político ni son acciones partidistas, ni el Ejecutivo tiene intervención en las investigaciones judiciales”, asentó.
Acerca de la condición jurídica de los exediles, la gobernadora señaló que desconoce si ya hay órdenes de aprehensión en su contra.
En relación con el funcionamiento de los ayuntamientos, explicó que, tras la declaración de procedencia aprobada por el Congreso local, serán llamados los alcaldes suplentes para asumir el cargo de manera temporal.
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