EL ATAQUE contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, elevó a ocho los episodios confirmados o sólidamente documentados con vehículos cargados de explosivos en el periodo de casi dos años desde octubre de 2024. Al menos seis tuvieron como blanco directo instalaciones o integrantes de corporaciones de seguridad.
Hasta ahora, las ocho agresiones acumulan un saldo de siete personas muertas y por lo menos 30 lesionadas, pero la cifra podría ser mayor, debido a que las autoridades no hicieron público el número de bajas militares vinculadas con uno de los ataques registrados en Jalisco.
El origen de este tipo de agresiones se remonta a las primeras semanas del sexenio. El 24 de octubre de 2024, un automóvil explotó frente a las instalaciones de Seguridad Pública de Acámbaro, Guanajuato, y dejó tres policías heridos. Horas después, otra detonación sacudió Jerécuaro, donde el estallido causó daños en vehículos y fachadas, sin víctimas.
Con el paso de los meses, la capacidad letal aumentó. El 6 de diciembre de 2025, una unidad cargada con explosivos estalló frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. La Fiscalía General de la República reportó inicialmente cinco muertos y 12 lesionados, mientras autoridades estatales informaron después de un sexto fallecimiento.
Esta forma de ataque fue utilizada por primera vez contra una corporación federal el 22 de febrero de este año, en San Juan de los Lagos, Jalisco, cuando un vehículo explotó mientras integrantes de la Guardia Nacional se acercaron a inspeccionarlo. El capitán Leonel Cardoso Gómez murió y otros tres elementos resultaron heridos. Durante la misma jornada, reportes periodísticos documentaron un segundo ataque contra instalaciones de esa fuerza mediante una pipa de gas.
Meses después, Zacatecas comenzó a concentrar agresiones similares contra policías. El 5 de marzo, un vehículo con explosivos detonó cerca de la comandancia de Luis Moya y provocó heridas a tres agentes. El episodio adquirió nueva relevancia casi seis meses después, cuando otra unidad estalló frente a la sede policial de Ojocaliente y dejó 11 personas lesionadas, entre ellas dos uniformados.
Fuera de esa recurrencia contra instalaciones y personal de seguridad aparece el caso de Escuinapa, Sinaloa. La madrugada del 9 de junio, una explosión destruyó un vehículo sobre la carretera federal México 15, dañó un establecimiento y afectó el suministro eléctrico. La autoridad confirmó una unidad “siniestrada”.
México carece de una estadística pública que permita seguir esta modalidad bajo una categoría propia. Incluso, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reconoció en diciembre que el Gobierno contabiliza de manera más amplia el uso de artefactos explosivos improvisados, algunos colocados en vehículos y otros transportados mediante drones.
Ataque con explosivos a policías de Zacatecas, el 4.°; ven fin de pax narca
