Mientras la extorsión disminuyó 13 por ciento en las ocho entidades que forman parte de la estrategia nacional contra ese flagelo, presentada por el Gobierno federal en julio de 2025, en el resto del país aumentó 30 por ciento este delito y seis de las nueve entidades con más casos por habitante no forman parte de dicho plan oficial.
Un estudio de la organización México Evalúa puso de relieve el estatus del fenómeno y aseguró que “el problema no se está resolviendo; se está moviendo”, ya que puede ser que los grupos criminales busquen lugares donde la presión de las autoridades es menor, o que en algunas entidades se denuncie y se registre de manera distinta.
- El Dato: EN LA ACTUALIDAD hay 65 por ciento más víctimas de ese delito por habitante que las que existían en 2015, de acuerdo con el estudio de la organización México Evalúa.
En la presentación que se dio en julio de 2025 de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se identificaron ocho entidades que concentraban 66 por ciento de los casos reportados a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Michoacán.
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Poco más de un año después, en dichos estados la extorsión disminuyó, pero en Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco aumentó, y hoy aparecen entre las nueve entidades con más casos. En lo que respecta a Morelos, Querétaro y Colima, registran, además, su máximo nivel desde 2015.
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LÓGICA ECONÓMICA. México Evalúa menciona que el establecimiento de una lista fija de entidades prioritarias deja de “ser útil en poco tiempo”. Para enfrentar la extorsión, apunta, la estrategia necesita revisar con frecuencia dónde está creciendo el delito y mover sus recursos hacia esos lugares. También necesita confirmar si las reducciones en las entidades priorizadas significan menos extorsión o sólo menos denuncias.
En entrevista con La Razón, el coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, Armando Vargas, mencionó que uno de los principales hallazgos durante la investigación, que se consigna en el reporte, es que la extorsión no se distribuye de manera uniforme, sino que sigue una lógica económica y se concentra en corredores productivos estratégicos.
Agregó que el informe también identifica a Morelos como la entidad con la tasa más alta de extorsión, con 28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces la media nacional.
Le siguen los estados de Zacatecas, con 19.2; Colima, con 17.7; Nuevo León, 15.9, y Querétaro, con 15.8.
“Justamente lo que señala el informe es que la extorsión se está moviendo; al menos es lo que nos dejan ver los registros en las ocho entidades que prioriza la estrategia federal contra las extorsiones: las víctimas bajaron 13 por ciento, pero en el resto del país subieron; es decir, digamos que el problema ya no está en donde está el foco del Gobierno federal.
“Hay que ajustar la estrategia federal hacia entidades en donde ya están creciendo los registros, que si bien puede ser sintomático de un mejor desempeño de fiscalías y policías, también puede ser sintomático de mayor extensión de la capacidad de control territorial del crimen organizado”, explicó.
- El Tip: EL FLAGELO se concentra en los corredores productivos del Centro, el Bajío-Occidente y el Norte, con 69% de la población. Estas áreas reúnen a 85% de las víctimas.
UNA LIMITANTE. Respecto al cambio de lugar de la extorsión, consideró que mantener una lista fija representa una limitación, debido a que no contempla la incidencia por habitante ni los cambios territoriales del delito.
También planteó cuatro hipótesis para explicar el desplazamiento de la extorsión: la movilidad de grupos criminales hacia entidades con menor presión institucional; la reconversión de la violencia, cuando las organizaciones pasan de las disputas armadas al cobro de piso; los cambios en los mecanismos de registro y denuncia, y la expansión de actividades económicas que atraen el interés de las organizaciones criminales.
Sobre los cambios estadísticos, Armando Vargas recordó que desde noviembre de 2025 la legislación establece la persecución de oficio de la extorsión, además de que el número 089 permite canalizar denuncias y desde enero de 2026 las fiscalías comenzaron a reportar bajo una nueva metodología.
No obstante, aclaró que los datos disponibles no permiten establecer de manera definitiva las causas del incremento, por lo que estas explicaciones deben considerarse hipótesis que requieren mayor investigación.
También advirtió que la cifra negra de este delito alcanza aproximadamente 98 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que los registros oficiales únicamente permiten observar una parte del problema.
Como recomendación para evitar que la extorsión simplemente se traslade de una entidad a otra, planteó abandonar la estrategia basada en una lista fija de estados y adoptar un modelo de atención que se actualice conforme cambie la incidencia del delito.
Asimismo, revisar cada año, o incluso cada trimestre, las entidades y municipios prioritarios, tomando en cuenta las tasas de víctimas por habitante y no solamente el número absoluto de denuncias.
Además, planteó que las autoridades deben concentrarse en desarticular las redes criminales y seguir sus recursos financieros, mediante el rastreo de cuentas, depósitos y patrimonio, así como el uso de herramientas como la extinción de dominio.
Finalmente, señaló que el fortalecimiento de las fiscalías y policías estatales y municipales es fundamental para recuperar la autoridad en los territorios donde las organizaciones criminales imponen cobros de piso y mecanismos de control económico.
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