Guadalupe y Calvo, un municipio de la Sierra Tarahumara donde habita apenas 1.2 por ciento de la población de Chihuahua, concentró más de siete de cada 100 víctimas de homicidio doloso y feminicidio que registró la entidad entre enero y el 18 de agosto de 2026. En ese periodo, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó 65 personas asesinadas en esta demarcación, frente a las 901 del territorio estatal, mientras cientos de familias abandonan sus comunidades por los enfrentamientos entre organizaciones criminales.
La violencia adquiere otra dimensión al comparar la incidencia delictiva. Durante los 12 meses que concluyeron en septiembre de 2026, las carpetas de investigación por homicidio doloso aumentaron 26.5 por ciento en Guadalupe y Calvo, mientras que en el conjunto de Chihuahua disminuyeron 23.2 por ciento, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con poco más de 50 mil habitantes, el municipio alcanzó una tasa de 123.9 investigaciones por cada 100 mil personas, más de cuatro veces el promedio estatal de 29.6 y casi 11 veces el nacional. El indicador lo colocó como la demarcación con mayor incidencia entre las 994 municipalidades mexicanas de al menos 20 mil habitantes que contempla el comparativo.
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Los registros de víctimas de la Fiscalía estatal muestran otra tendencia. Hasta el 28 de julio sumaba 62 asesinatos, apenas dos menos que en todo 2025. La cifra también superaba el acumulado de 2023 y se acercaba a los 79 homicidios que ocurrieron durante 2024, el año con mayor incidencia de la actual administración estatal.
Esta concentración ocurre en una región montañosa de más de nueve mil kilómetros cuadrados, con localidades dispersas y caminos rurales que conectan poblaciones de difícil acceso. La disputa entre grupos criminales no sólo aparece en las estadísticas, sino también en el abandono de comunidades y la presencia de hombres armados en zonas habitadas.
El 10 de noviembre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) alertó que cientos de personas huyeron de sus hogares durante las últimas semanas. La organización denunció ataques con explosivos, drones y armas de fuego, además del despojo de ganado, recursos naturales y viviendas.
De acuerdo con los testimonios que recabó la Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua, algunas familias sólo consiguieron abandonar sus comunidades con protección de las fuerzas de seguridad. Otras permanecen en sus viviendas pese a las amenazas, mientras quienes lograron salir enfrentan dificultades para conseguir alimentos, alojamiento y atención médica.
La crisis tuvo otro episodio a principios de noviembre, cuando habitantes de Los Otates reportaron el desplazamiento de más de 90 personas por enfrentamientos entre civiles armados. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió un expediente, aunque las autoridades no habían establecido una cifra oficial de afectados.
Ante ello, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron la operación Los Otates del 5 al 7 de noviembre, en la que decomisaron 49 armas, 209 cargadores, tres mil 915 cartuchos, un vehículo con blindaje artesanal y equipo táctico, e inhabilitaron un campamento.
El Gobierno de Chihuahua informó en julio que, desde 2021, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) había detenido a 28 generadores de violencia, además de asegurar armas largas, cartuchos y artefactos explosivos. También destruyó 135 campamentos o parapetos que utilizaban grupos delictivos, 472 mil plantas de marihuana y 36 mil de amapola, localizadas en comunidades como Baborigame, Las Ánimas, Cinco Llagas, El Ocote y San José de Turuachi.
La persistencia de los homicidios, los desplazamientos y los enfrentamientos también abrió un conflicto político entre el gobierno de Chihuahua y el ayuntamiento, bajo la administración de Morena.
El 29 de julio, la gobernadora Maru Campos atribuyó la crisis de desplazamiento a presuntos acuerdos entre autoridades municipales y organizaciones criminales. La mandataria cuestionó la actuación de la administración local y pidió una mayor intervención de las instituciones federales para enfrentar la situación.
La mandataria estatal retomó sus críticas este 9 de noviembre, cuando acusó a la alcaldesa Ana Laura González Ábrego de desatender las comunidades y no mantener comunicación con el Gobierno estatal. “No oye, no ve, no escucha, no radica ahí, va y viene, hace lo que quiere, se ríe de nosotros”, afirmó.
La gobernadora también aseguró que la presidenta municipal atiende únicamente las indicaciones de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, por lo que exigió una respuesta del Gobierno federal ante los desplazamientos.
Uno de los principales desacuerdos entre ambas administraciones corresponde a la instalación de un Subcentro de la Plataforma Centinela, proyecto estatal de seguridad que permanece pendiente en Guadalupe y Calvo.
Desde enero, González Ábrego sostuvo que el ayuntamiento había propuesto seis inmuebles alternativos para instalar el centro de operaciones, pero la SSPE insistía en utilizar el antiguo Centro de Reinserción Social, que, según la alcaldesa, ya ocupaban la Guardia Nacional y el Ejército. “Nosotros nunca les hemos dicho que no; lo que hemos hecho es argumentar por qué no podemos entregar el Cereso”, declaró entonces la presidenta municipal, quien rechazó que su administración se opusiera a la instalación de la infraestructura.
Pese a estas propuestas, el Gobierno estatal confirmó en noviembre que el subcentro continúa sin operar. La Secretaría de Seguridad Pública atribuyó el retraso a la falta de acuerdos sobre un inmueble que reúna las condiciones necesarias, aunque aseguró que sus elementos mantienen presencia permanente junto con corporaciones federales.
CSP ve “relevante” reporte del NYT acerca de la CIA
| Por Yulia Bonilla |
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “muy relevante” una reciente publicación del diario The New York Times (NYT) en la que se refiere que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, habría tenido conocimiento de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en territorio mexicano, meses antes de que el caso se revelara.
De acuerdo con el medio, agentes de la CIA ya trabajaban en operaciones dentro de México, bajo la coordinación del exfiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía estatal, Guillermo Zuany, quien posteriormente fue señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.
La mandataria opinó que la publicación resulta interesante; sin embargo, subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que tendrá que investigar. Recordó que la gobernadora admitió en una entrevista que ella fue quien señaló al exfiscal estatal, César Jáuregui, hoy detenido, de haber sido quien permitió la entrada de los agentes estadounidenses.
“Leí la nota, muy interesante. Y bueno, como saben, está detenido el fiscal de Chihuahua, donde la propia gobernadora dijo que él era el responsable. Y pues la Fiscalía, en todo caso, tiene que seguir con investigaciones. Pero es relevante”, dijo.
En cuanto a Zuany, comentó que también se deberá de conocer cómo fue que colaboró con la CIA: “Es muy relevante este vicefiscal o subfiscal, Zuany. Sí vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos”.
Reiteró que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad debe de apegarse a lo que ordena la Ley de Seguridad Nacional.
“Lo relevante de esto es que cualquier operación —y eso lo hemos dicho al embajador de EU en México, y a todas las autoridades estadounidenses con presencia en la embajada o en EU—, cualquier colaboración tiene que garantizar el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional; cualquier agente de una agencia estadounidense en México tiene que cumplir necesariamente con la ley. En este caso no se cumplió y por esa razón está detenido el fiscal”, dijo.
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