Aumenta el trabajo infantil en 15 estados en dos años

La tasa de niños y niñas mexicanas que forman parte de la fuerza laboral del país escaló en 15 de las 32 entidades federativas en los últimos dos años, con Oaxaca y Puebla en los contextos más críticos, según reveló la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con estos datos, para el cuarto trimestre de 2019 —la última actualización disponible—, Oaxaca encabezó la lista con una tasa de trabajo infantil de 21.5 por ciento, cuando para el mismo periodo de 2017 esa cifra era de 16 puntos.

En segundo lugar está Puebla, con 18.3 por ciento, cuando dos años antes su indicador sobre menores de entre cinco y 17 años de edad con alguna ocupación laboral fue de 16.2 por ciento.

Otras entidades afectadas por el aumento de esta tasa fueron San Luis Potosí, con 2.4 puntos más entre 2017 y 2019, y Morelos, donde el incremento fue de 3.4, al pasar de 7.5 a 10.9 en el registro.

De acuerdo con el estudio, en otros 14 estados disminuyó la tasa de trabajo infantil y únicamente en la Ciudad de México la cifra se mantuvo igual que hace dos años, en 5.4 por ciento.

Zacatecas, por otro lado, experimentó una disminución significativa en esta tasa, al pasar de 18.9 por ciento en 2017 a 12.4 el año pasado; no obstante, a lo largo de este 2020 se han registrado casos puntuales de trabajo infantil, particularmente en el municipio de Fresnillo que —como reportó La Razón en octubre pasado— prendió las alertas por al menos seis casos de explotación laboral de menores.

Oaxaca y Puebla también encabezaron el ranking de la tasa de ocupación no permitida, con porcentajes de 14.9 y 12.6 por ciento, respectivamente; y el de la tasa de ocupación peligrosa para menores de edad, con 13.7 y 12.1 por ciento cada una, muy por encima de la media nacional, de 6.6 por ciento hasta 2019.

Demandan acción federal

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México explicó a La Razón que el incremento en el trabajo infantil ya se visualizaba incluso antes de pandemia de Covid-19, la cual, al provocar mayores índices de pobreza en las familias, generará que la cantidad de menores que se enfrentan a esta situación aumente aún más.

Pérez García advirtió que la problemática se podría revertir con la intervención del Estado mexicano, por lo que resaltó la falta de acciones para implementar programas enfocados a reducir la pobreza y no sólo “programas asistenciales que no terminan con ella”.

“Fue lamentable que cuando se presentaron los resultados de la ETI, no se acompañó de una respuesta de la Secretaría del Trabajo, que es a quien corresponde desarrollar estrategias para garantizar el trabajo digno y los ingresos de las familias mexicanas”, consideró.

Asimismo, destacó que si bien no es una salida sencilla, además de que “el problema corresponde esencialmente al Gobierno federal”, los gobiernos locales “tienen mucha oportunidad” para realizar acciones al respecto, al generar economía local y de consumo desde sus territorios, que permita reducir la presencia de niños y niñas en actividades económicas. 

“No son salidas sencillas porque ameritan generación de empleos, gasto público para mantener aquellos estímulos que no corresponden todos a los gobiernos locales, pero seguramente habrá cosas que pueden impulsar desde lo territorial”, con el fin de evitar que los 3.3 millones de menores de edad, quienes actualmente viven esta situación, se incrementen a los 4.5 o 5 millones”, advirtió.