Morelos minimiza la fiscalización al gasto

Morelos es el estado de la República que menos recursos destina para realizar auditorías a sus entes públicos.

Para el ejercicio de 2021, la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco otorgó apenas el ocho por ciento del total de recursos monetarios que disponía el Poder Legislativo para este año, cuando en promedio, cada estado otorgó 25 por ciento de su presupuesto para este fin, de acuerdo con el Informe Legislativo 2021 que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El estudio reveló que el Poder Legislativo de la entidad tuvo una bolsa de 434 millones de pesos de presupuesto, cuya mayor parte (92 por ciento) se destinó al Congreso local, es decir 400 millones de pesos.

Los 34 millones restantes serán para vigilar el funcionamiento en el ejercicio del gasto público, su calidad y transparencia, además de los resultados de los programas sociales.

Aunado a esto, la entidad se ubicó en el undécimo nacional en cuanto a costo del Congreso local por cada habitante, con 220 pesos por ciudadano.

Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno de Finanzas del Imco, explicó que, pese a que en los últimos años la entidad ha otorgado más recursos a la Auditoría local, la cifra aún permanece como la más baja del país.

“Morelos tradicionalmente ha destinado muy pocos recursos al tema de fiscalización; esto no es una buena práctica y vemos que, a pesar de que se han ido incrementando estos recursos, previamente en otros años Morelos destina el dos, cuatro por ciento de los recursos a la Auditoría, actualmente no destina ni siquiera el 10 por ciento de los recursos”, explicó el especialista.

En entrevista con La Razón, Guadarrama externó que, aunque no existe un “costo ideal” para destinar a cada Congreso ni a la fiscalización de los mismos, el organismo estableció un margen del 20 por ciento de los recursos del Poder Legislativo, de tal manera que se pueda llevar a cabo una buena vigilancia.

“No hay un costo ideal ni para congresos ni para auditorías, pero lo que sí vemos es que para que un órgano de fiscalización o una auditoría del estado pueda funcionar debidamente, en promedio los estados destinan el 25 por ciento del presupuesto del Poder Legislativo a los órganos de fiscalización; entonces, como mínimo, nosotros proponemos que se establezca el 20 por ciento del presupuesto al órgano superior de fiscalización”, expresó.

Pese al margen establecido por el Imco, para este año siete entidades otorgaron menos del 20 por ciento de sus presupuestos a la vigilancia.

Después de Morelos, la segunda entidad que menos recursos otorgó al rubro de vigilancia fue Aguascalientes, entidad que aportó a las auditorías apenas el 13 por ciento del presupuesto; es decir, 32 millones de pesos, dejando los 206 millones de pesos restantes para su Congreso.

En la lista sigue Michoacán, que otorgó sólo el 15 por ciento de su presupuesto a auditorías (163 millones de pesos). Esto, sin tomar en cuenta al estado de Baja California Sur, que no reportó los montos que destinó este año.