Redacción/La Razón
Como parte de otra más de sus participaciones en temas de seguridad en México, la Oficina Federal de Investigación (FBI) fue solicitada por la Procuraduría mexiquense para que brinde su apoyo en las investigaciones del caso Paulette.
El departamento, ubicado en la zona de Interlomas, municipio de Huixquilucan, fue analizado por agentes del FBI para dar su opinión respecto al caso.
Alrededor de 10 peritos de la Procuraduría del Estado de México siguen laborando en la casa de la familia Gebara Farah en busca de alguna otra evidencia, aunque hasta ayer se podía ver la extracción de bolsas llenas de ropa y juguetes de la menor.
Las autoridades mexiquenses permitieron el acceso de representantes de los medios al domicilio donde fue hallado el cuerpo de Paulette. En el lugar se pudo ver un nutrido número de personas trabajando, aunque algunas áreas del departamento fueron delimitadas con cinta amarilla para evitar ser “contaminadas” por los ahí presentes.
Pero lo que más llamó la atención fue que a reporteros y fotógrafos les permitieron el acceso no sin antes registrarse en dos ocasiones y equiparlos con cubrebocas y guantes de látex. La advertencia era que no tocaran nada ni invadieran zonas restringidas en el departamento.
Declaración prolongada. Después de 11 horas y media de permanecer dentro de la sede de la PGJEM, Erika y Martha Casimiro Cesáreo, nanas de la menor, a las 20:30 horas salieron tras ser sometidas a pruebas y rendir una nueva declaración.
A su salida del inmueble, acompañadas de su primo y abogado, Salvador Cuevas, así como de otros litigantes que se presentaron en el lugar para sumarse a su defensa, las hermanas rechazaron hablar sobre las declaraciones que rindieron entorno a la muerte de la niña Paulette.
Amigo de Lizette no puede declarar
Tras la especulación sobre la posibilidad de que Lisette Farah, madre de Paulette, tenía un amante y estaba prófugo de la justicia, Roberto Ayala, amigo “superfluo” de la madre de la menor se presentó voluntariamente ante la Fiscalía mexiquense para hacer su declaración, pero nadie lo pudo atender.
Ayala estuvo cinco horas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Asuntos de la Procuraduría mexiquense, para dar una declaración voluntaria ante el ministerio público, sin embargo, no lo pudo hacer ya que ningún funcionario lo escucho, por lo que se retiró junto con su abogado.
“Son las dos de la tarde y después de cinco horas no le tomaron la declaración. Llegó un momento en que les dije, señores no pueden jugar con el tiempo de las personas”, dijo Luis Madrigal, abogado de Ayala.
Explicó que los funcionarios públicos argumentaron que la demora era porque no contaban con computadoras en la oficina donde lo estaban atendiendo.
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