Ratifican formal prisión contra funcionario Esiquio Martínez

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Foto: larazondemexico

Un tribunal Colegiado ratificó la formal prisión contra Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdo del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del DF, detenido en octubre pasado por enriquecimiento ilícito.

Y es que a este sujeto se le detectó movimientos financieros por 432 millones 536 mil 378 pesos en una cuenta bancaria, por lo que la SIEDO inició una averiguación previa por el citado delito.

Con base en ello, el Ministerio Público de la Federación consignó el expediente y obtuvo del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal una orden de aprehensión contra Martínez Hernández y en el término de ley se le dictó el auto de formal prisión.

Inconforme con la resolución, el 11 de octubre de 2011 Martínez Hernández interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

El juzgador resolvió negar la protección de la justicia federal al quejoso y confirmó el auto de formal prisión que en su momento había dictado un Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

El secretario de acuerdos, promovió una revisión de amparo que tocó resolver al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien resolvió ayer confirmando la negativa de amparo y ratificar la formal prisión en contra del ex servidor público.

Cabe destacar que derivado de este acto también fue separado de su cargo el Juez Álvaro Tovilla León, titular del juzgado al que también estaba adscrito Martínez Hernández, aunque la PGR no ha procedido penalmente en su contra.

Esto pese a que en una revisión se detectaron transferencias financieras por cerca de 20 millones de pesos, cantidad que no corresponde con su ingreso como Juez, pues tenía un salario de 129 mil pesos mensuales.

Tovilla León, es el Juez que en 2005 resolvió iniciar un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador al considerar que había violado una resolución judicial en el juicio del predio El Encino, lo que derivó en el desafuero del perredista previo a la elección presidencial del 2006.