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Monterrey.- La alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes reveló que desde noviembre anterior, la PGR restituyó sus derechos a los propietarios del casino Royale, por lo que rechazó injerencia en el retiro de las 52 cruces en el inmueble.
En conferencia de prensa, la munícipe recordó que al ser asegurado lo que fue el centro de apuestas, policías regiomontanos vigilaron el sitio, pero los retiraron hace poco más de un mes por la decisión federal.
"Tuvimos (policías), pero los retiramos porque la Procuraduría General de la República (PGR) nos informó el 30 de noviembre, vía oficio que dentro del proceso había restituido los derechos a los propietarios del inmueble", apuntó.
"La PGR es quien tiene que determinar bajo qué condiciones se les está regresando la posesión, uso goce y disfrute a los propietarios (del casino)", manifestó.
Lo anterior, al remarcar que el lugar en el que 52 personas fueron asesinadas el 25 de agosto de 2011 "se trata de un terreno privado, -y- le corresponde a la PGR determinar los alcances de la restitución que hizo a los propietarios sobre los derechos a ese inmueble".
Ante estos argumentos, dijo que no se justifica la medida cautelar al municipio que promueve la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ante el retiro de 52 cruces y que hoy fue denunciado por deudos de las víctimas.
En todo caso, enfatizó Arellanes Cervantes, la recomendación o exhorto del organismo deberá dirigirse a la PGR y no a la administración municipal.