El primer minuto del 18 de junio el país dejó atrás un siglo de juicios en papel y comenzó a operar formalmente en toda la República Mexicana el sistema de justicia acusatorio, el cual se basa en la presunción de inocencia y la conciliación, además que establece plazos límite y privilegia la aportación de pruebas para acabar con la dilación y el burocratismo del sistema penal mixto. Para su implementación en los últimos ocho años se invirtieron 21 mil millones de pesos, 89 por ciento de los cuales se ejercieron en la administración del Presidente Enrique Peña, se capacitó a 400 mil operadores y se reformaron 21 leyes federales.
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