El senador Ricardo Monreal propuso una reforma para agregar un párrafo al artículo 17 constitucional, mediante el cual se regula la impartición de justicia digital.
La iniciativa, que será presentada a la Comisión Permanente, contempla adicionar un párrafo cuarto al artículo 17 de la Constitución para quedar: Para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial de la Federación, y el de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Tribunales Agrarios, los Tribunales Electorales y los Tribunales Administrativos de la Federación y de las entidades federativas implementarán de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de información y la comunicación, a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias en línea, en los términos de lo dispuesto por la ley.
En sus argumentos, el legislador advierte que hay tesis jurídicas, establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorgan tres derechos a los ciudadanos: relativo al acceso a un juicio justo, garantía de un debido proceso y eficacia en las sentencias y resoluciones emitidas por un juez.
Retrasar cualquiera de ellos representa una violación a sus derechos, señaló Monreal Ávila, en periodos de emergencia y aún en justicia cotidiana, muchos países alrededor del mundo han modificado sus leyes para aprovechar las tecnologías de la información. Ejemplificó con el caso de Chile que desde 2015 aprobó la Ley de Tramitación Electrónica, que permite un acceso efectivo a la justicia, reguló la firma electrónica y las audiencias a través de videograbaciones, así como las notificaciones judiciales a través del correo electrónico, entre otras medidas.
En México, dijo Monreal Ávila, el año pasado se presentó un caso de una persona que promovió un recurso de reclamación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y decidió suscribirla electrónicamente, el juez desconoció este sistema porque sólo se limitaba al juicio de amparo, los juicios orales penales en los centros de justicia penal federal y las comunicaciones oficiales. La medida no aplica para procedimientos federales civiles o mercantiles, ya que ni el Código Federal de Procedimientos Civiles ni el Código de Comercio prevén esta posibilidad, resolución confirmada en amparo directo.
Derivada de esta necesidad de otorgar a todos los ciudadanos igualdad ante la ley, es lo que motivó la iniciativa, dijo Monreal Ávila.
