Un esquema de corrupción que despojó de sus viviendas a más de 373 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) salió a la luz ayer, luego de que se revelara cómo despachos externos operaron juicios masivos en gobiernos pasados.
Durante la conferencia mañanera, el director del organismo, Octavio Romero, detalló que a partir de 2012 se implementó una estrategia jurídica para ejecutar procesos legales contra acreditados con dificultades para pagar sus “créditos impagables”.
Sin embargo, señaló que los despachos involucrados cometieron irregularidades graves, como no notificar a los afectados sobre las demandas, incluir en los procesos a personas sin atrasos en sus pagos e iniciar los juicios en estados distintos al domicilio de los acreditados, lo que los dejó sin oportunidad de defensa.
“El objetivo era despojarlos de sus viviendas de forma sistemática”, dijo en conferencia el titular del Infonavit, al denunciar que estas acciones afectaron a miles de trabajadores que ni siquiera sabían que enfrentaban un proceso judicial.
La estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, incluso ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que llamamos juicios masivos
El esquema forma parte de las investigaciones en curso sobre actos de corrupción que vulneraron los derechos de los derechohabientes en administraciones pasadas, dio a conocer.
“La estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, incluso ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que llamamos juicios masivos”, explicó el titular.
El número de afectados en todo el país asciende a 373 mil 812 personas, de los cuales únicamente 53 mil 685 residían en el mismo estado donde se abrieron los juicios; y los otros 320 mil 127, en entidades ajenas a su lugar de residencia.
Los estados donde más se concentró este hecho fueron Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos, que abarcan al 92 por ciento de las afectaciones.
Derivado de estos procedimientos, 249 mil personas perdieron la propiedad de su vivienda; de las cuales 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit a causa de las irregularidades que se dieron, en tanto otras 42 mil fueron vendidas por el mismo Infonavit, en dichos años, en subastas masivas.
Además de esto, se encontró que 22 mil 386 de los demandados en los juicios masivos eran personas que se encuentran al corriente en sus pagos.
Para emprender estos juicios masivos, se pagó 29 mil 263 millones de pesos a despachos, cuya mayoría todavía mantiene contratos vigentes.
Octavio Romero destacó el caso de un exdirigente sindical del Infonavit, identificado como Rafael N, que habría realizado gestiones para que se le pagaran 103 millones de pesos al despacho Acser, por demandar y desalojar a trabajadores con demora en sus pagos.
Exhibió una grabación de una mujer que acudió al despacho correspondiente para liquidar su monto pendiente y encontró las oficinas abandonadas y con expedientes regados.
“No tenemos constancia de cuántos expedientes se les entregaron a estos despachos, no tenemos constancia de que nos los hayan devuelto y al ver esto así, evidentemente genera preocupación”, comentó.
Los juicios masivos fueron frenados cuando así lo solicitó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero se encontró que nueve despachos continuaron por medio de juicios individuales y afectaron a 63 mil 444 derechohabientes, de los cuales únicamente 3 mil uno residen en la capital, mientras que el resto pertenecen a estados como Puebla, Estado de México, Tamaulipas, Sonora.
Comentó que la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó resarcir el daño a los derechohabientes y continuar con las denuncias penales contra quienes resulten responsables de despechos, notarios y funcionarios en el Poder Judicial a nivel local.
Sobre estos hechos, la mandataria afirmó que se continúan presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables.
Avanza Programa Nacional de Vivienda
Al presentar los avances del Programa Nacional de Vivienda, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que ya cuentan con 318 predios que están en manos de alguno de los tres niveles de gobierno para iniciar el plan en una extensión que ahora suma dos mil 769 hectáreas.
Señaló que hay 200 proyectos ejecutivos en proceso y los primeros pasos del plan ya avanzan en Los Cabos, Baja California, y estimó que en febrero concluirá la firma de convenios de colaboración con gobiernos estatales y municipales; se prevé que en dicho mes iniciarán las primeras construcciones.
Hacia el final de su intervención, lanzó un llamado a la población a no dejarse engañar por pseudogestores. Recordó que para este apoyo no hay intermediarios.
Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), comentó que ya se tienen 173 predios en 30 estados, que suman mil 937 hectáreas para construir las viviendas que le corresponden construir y que tendrán como beneficiarios a personas sin derechohabiencia ni en Infonavit ni Fovissste.
Explicó que la construcción del padrón constará de ocho pasos que incluirán filtros para verificar el cumplimiento de requisitos, a fin de que los beneficiarios sean de grupos vulnerables y en zonas de alta marginación.
María del Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, recordó que los pagos que se hagan irán a un fondo que servirá para construir más viviendas.