El laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford expresó su preocupación por la acción del Tribunal Electoral de México que violó la suspensión de la Suprema Corte y transfirió el control de la elección del Poder Judicial a los poderes políticos, lo que calificó como problemático, pues debilita la independencia judicial.
“El laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford expresa su profunda preocupación por el intento de la mayoría del Tribunal Electoral de socavar el Estado de derecho. En términos más generales, este hecho confirma que la implementación de la reforma judicial en México no sólo exacerba los defectos estructurales de dicha reforma, sino que también debilita aún más la independencia judicial”, compartió a través de un comunicado.
Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Senado sustituir el Comité del Poder Judicial en la evaluación de aspirantes a participar en la elección del próximo 1 de junio.
Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4151 del 21 de diciembre del 2025
Asimismo, el laboratorio recordó que en mayo del año pasado advirtió que la propuesta de la reforma constitucional viola los estándares internacionales sobre la independencia judicial.
En su comunicado, la universidad estadounidense narró todo el proceso que ha vivido la reforma al Poder Judicial desde su aprobación en septiembre del 2024 hasta la decisión del TEPJF de ordenar al Senado sustituir el Comité del Poder Judicial.
“Como se expone en el informe del Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, la reforma judicial viola claramente los estándares internacionales. La extralimitación del Tribunal Electoral confirma que la implementación de las reformas en curso también es fundamentalmente defectuosa”, apuntó el comunicado.
Aseguró que los Comités son un pilar fundamental en los procesos de nombramiento judicial en muchos sistemas a nivel mundial, siendo como salvaguarda para garantizar la imparcialidad y la independencia de las personas juzgadoras.
“El control exclusivo de los Poderes Legislativos y Ejecutivo sobre las nominaciones judiciales socava estos principios (internacionales). Esta concentración de poder intensifica el control político sobre el proceso de nombramientos, poniendo en peligro la imparcialidad y la independencia del poder judicial”.
“Esto corre el riesgo de transformar los nombramientos judiciales en una herramienta de influencia política, erosionando la confianza pública en la capacidad del poder judicial para actuar como contrapeso al poder gubernamental”, indicó el laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford.
Reiteró que un Poder Judicial independiente, libre de injerencias políticas, es fundamental para la protección de la democracia y el estado de derecho e instó a las autoridades mexicanas a abordar de manera efectiva estos “preocupantes” acontecimientos, a realinear el proceso de nombramiento judicial con los estándares internacionales y “tomar medidas decisivas para restaurar la independencia judicial”.
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LMCT
